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¿Cómo se castiga el secuestro en Costa Rica?
El secuestro en Costa Rica es castigado con penas que van desde los 20 hasta los 35 años de prisión, dependiendo de la gravedad del delito y de si hay circunstancias agravantes. Además, se considera un delito especialmente grave, lo que implica penas más severas para los culpables.
¿Cuál es el papel de las ONG en la influencia política en Costa Rica?
Las ONG desempeñan un papel significativo en la influencia política en Costa Rica al abogar por causas sociales, proporcionar información objetiva y movilizar la opinión pública. Su participación contribuye a un sistema político más transparente y receptivo a las necesidades de la sociedad civil.
¿Qué medidas se toman para prevenir la financiación del terrorismo a través del transporte marítimo en Costa Rica?
El transporte marítimo en Costa Rica está regulado para prevenir la financiación del terrorismo. Se aplican medidas de diligencia debida para identificar a las partes involucradas en operaciones marítimas y se presentan informes sobre transacciones sospechosas.
¿Cómo se fomenta la participación de empresas locales en proyectos de construcción en Costa Rica?
La participación de empresas locales en proyectos de construcción se fomenta a través de políticas de preferencia o ventajas para las empresas nacionales en procesos de licitación. Estas políticas buscan promover la inversión y el empleo local en el sector de la construcción.
¿Existe alguna restricción específica para que PEP participen en actividades económicas o financieras en Costa Rica?
No existen restricciones específicas que prohíban a las personas consideradas PEP participar en actividades económicas o financieras en Costa Rica. Sin embargo, están sujetas a regulaciones más estrictas y supervisión para prevenir actividades ilícitas.
¿Cuáles son las sanciones previstas en el marco jurídico costarricense para aquellos que amenazan o atacan a personas expuestas políticamente?
El marco jurídico costarricense prevé sanciones para aquellos que amenazan o atacan a personas expuestas políticamente. Estas sanciones, proporcionales a la gravedad de los delitos, sirven como disuasivo y herramienta para la justicia, reafirmando el compromiso del país con la protección legal de sus líderes políticos.
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