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¿Puede un contrato de venta en Costa Rica incluir cláusulas de cancelación y devolución?
Sí, un contrato de venta en Costa Rica puede incluir cláusulas de cancelación y devolución que permiten a las partes rescindir el contrato en ciertas circunstancias y establecer las condiciones para la devolución de los bienes y el reembolso del precio.
¿Qué medidas se toman para prevenir el uso de empresas ficticias en el lavado de activos en Costa Rica?
Costa Rica ha establecido regulaciones que requieren que las empresas demuestren su legitimidad y cumplan con ciertas obligaciones, lo que dificulta el uso de empresas ficticias en el lavado de activos.
¿Cómo se lleva a cabo el proceso de investigación criminal en Costa Rica?
En Costa Rica, el proceso de investigación criminal involucra la recolección de pruebas por parte de la policía judicial y la Fiscalía, seguido de un juicio que determina la culpabilidad o inocencia del acusado.
¿Cuál es la relación entre la cédula de identidad y otros documentos de identificación en Costa Rica, como el pasaporte?
La cédula de identidad es el principal documento de identificación en Costa Rica para los ciudadanos costarricenses y extranjeros con residencia en el país. El pasaporte, en cambio, es un documento de identificación válido para viajes internacionales. Ambos documentos pueden utilizarse en situaciones específicas según su propósito.
¿Cuáles son los posibles impactos de la politización de expedientes judiciales en Costa Rica en la estabilidad política del país?
La politización de expedientes judiciales en Costa Rica podría tener graves consecuencias para la estabilidad política del país. Si los expedientes se utilizan como instrumentos para perseguir a oponentes políticos en lugar de buscar la verdad y la justicia, se socava la confianza en las instituciones judiciales y se alimenta la polarización, amenazando la estabilidad política.
¿Cuál es la autoridad encargada de supervisar los procesos de embargo en Costa Rica?
Los procesos de embargo en Costa Rica son supervisados por el Poder Judicial y, en particular, por los jueces de familia o comisionados de la Corte. Estas autoridades garantizan que el proceso de embargo se lleve a cabo de acuerdo con la ley y que se respeten los derechos de ambas partes, el acreedor y el deudor.
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