MARIA ARAYA LEIVA - Perfil - 106130XXX

Perfil de MARIA ARAYA LEIVA - 106130XXX

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Estado Habilitado para votar
País COSTA RICA
Año 2024

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¿Cuál es el impacto económico de las sanciones a contratistas en Costa Rica, y cómo estas afectan la competitividad y la confianza en los procesos de contratación pública?

Las sanciones a contratistas en Costa Rica tienen un impacto económico al disuadir prácticas fraudulentas y garantizar la competencia leal. Estas contribuyen a mantener un ambiente de contratación más justo, promoviendo la participación de empresas éticas y preservando la confianza en los procesos de contratación pública. Además, fomentan la transparencia y el buen uso de recursos, fortaleciendo la eficiencia económica en el ámbito de la contratación.

¿Cómo han influido las políticas de vivienda social en Costa Rica en la dinámica de los contratos de arriendo, y cuáles son los desafíos y oportunidades asociados con la implementación de programas que buscan facilitar el acceso a la vivienda a sectores d

Las políticas de vivienda social en Costa Rica han influido en la dinámica de los contratos de arriendo al ofrecer alternativas accesibles para sectores de bajos ingresos. Estos programas buscan facilitar el acceso a la vivienda mediante subsidios, préstamos preferenciales y regulaciones específicas. Los desafíos incluyen la demanda superando la oferta y la necesidad de abordar la calidad de la vivienda. Sin embargo, también se presentan oportunidades para el desarrollo sostenible, la reducción de la brecha de vivienda y la mejora de la calidad de vida para comunidades vulnerables.

¿Cuál es la prescripción en la legislación penal de Costa Rica?

La prescripción en la legislación penal de Costa Rica se refiere al período de tiempo después del cual no se pueden presentar cargos ni ejecutar penas para un delito. La prescripción varía según la gravedad del delito y puede ir desde unos pocos años para delitos menores hasta décadas para delitos graves. La prescripción busca garantizar que los casos se resuelvan dentro de un período razonable y que los acusados no enfrenten cargos indefinidamente. Sin embargo, hay excepciones para delitos especialmente graves, como el homicidio, que pueden no prescribir.

¿Cómo ha afectado el fenómeno de la globalización a las demandas laborales en Costa Rica, y cuál es el impacto social y económico de la externalización de empleos en la percepción de los trabajadores y la comunidad?

La globalización ha influido en las demandas laborales en Costa Rica al facilitar la externalización de empleos. Este fenómeno ha generado desafíos y oportunidades, afectando la percepción de los trabajadores y la comunidad. Mientras que la externalización puede ofrecer nuevas oportunidades de empleo, también puede dar lugar a condiciones laborales precarias. El impacto social y económico incluye la preocupación por la estabilidad laboral y la competencia global, lo que destaca la necesidad de regulaciones que protejan los derechos de los trabajadores en un entorno globalizado.

¿Cómo ha influido el contexto político en la gestión de los antecedentes disciplinarios en Costa Rica y cuáles son las salvaguardias para evitar influencias indebidas en estos procesos?

El contexto político en Costa Rica ha tenido influencia en la gestión de antecedentes disciplinarios, y las salvaguardias se han establecido para evitar influencias indebidas. La autonomía de las entidades encargadas de la fiscalización, como la Procuraduría General de la República, y la transparencia en los procesos son fundamentales para prevenir interferencias políticas indebidas y garantizar que las decisiones disciplinarias se basen en la legalidad y la ética.

¿Cuáles fueron los primeros impuestos implementados en Costa Rica y cuál fue su propósito inicial en el desarrollo económico del país?

Los primeros impuestos implementados en Costa Rica se remontan al periodo colonial, donde se gravaban actividades comerciales y agropecuarias. Posteriormente, en el siglo XIX, se establecieron impuestos sobre la renta y aduaneros. El propósito inicial era financiar gastos públicos, especialmente aquellos relacionados con infraestructura y servicios básicos, contribuyendo así al desarrollo económico y a la consolidación del Estado.

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