MARIA BALBINA RAMIREZ RAMIREZ - Perfil - 303040XXX

Perfil de MARIA BALBINA RAMIREZ RAMIREZ - 303040XXX

Cédula de Identidad 303040XXX
Estado Habilitado para votar
País COSTA RICA
Año 2024

Artículos recomendados

¿Qué tipo de transacciones financieras de PEP están sujetas a un mayor escrutinio en Costa Rica?

Las transacciones financieras de las Personas Expuestas Políticamente (PEP) en Costa Rica que están sujetas a un mayor escrutinio son aquellas que involucran movimientos de fondos significativos o transacciones inusuales. Además, las transacciones que parecen no tener una justificación económica válida o que plantean preocupaciones de lavado de dinero o financiación del terrorismo serán objeto de un escrutinio más detenido. El propósito de esta revisión es identificar y prevenir actividades financieras ilícitas.

¿Cuál es el papel de la cláusula de garantía en los contratos de arriendo en Costa Rica, y cómo se regula su aplicación para asegurar la protección de los derechos del arrendatario?

La cláusula de garantía en los contratos de arriendo en Costa Rica es una disposición que busca proteger los derechos del arrendador en caso de incumplimiento por parte del arrendatario, especialmente en situaciones de falta de pago. La legislación regula la aplicación de esta cláusula, estableciendo límites y condiciones para su ejecución. Es fundamental que las partes involucradas comprendan las implicaciones de esta cláusula al momento de firmar el contrato, ya que su correcta aplicación contribuye a mantener un equilibrio en las relaciones contractuales.

¿Cómo aborda la legislación casos en los que el deudor alimentario reside en el extranjero, y cuáles son los mecanismos para garantizar el cumplimiento de las obligaciones alimentarias en estas circunstancias?

La legislación costarricense aborda casos en los que el deudor alimentario reside en el extranjero mediante tratados internacionales y mecanismos específicos. Se utilizan convenios internacionales para asegurar el cumplimiento de las obligaciones alimentarias, permitiendo la cooperación entre países. Además, se pueden realizar demandas judiciales en Costa Rica para ejecutar las medidas sancionatorias establecidas por la ley, garantizando que las obligaciones alimentarias sean cumplidas incluso cuando el deudor reside fuera del país.

¿Cómo se regulan legalmente las situaciones de desalojo en Costa Rica, y cuáles son los procedimientos y plazos que deben seguirse para llevar a cabo un desalojo de manera justa y conforme a la legislación vigente?

Las situaciones de desalojo en Costa Rica están reguladas por la Ley de Arrendamientos Urbanos y Suburbanos. Para llevar a cabo un desalojo, el arrendador debe notificar al arrendatario con al menos tres meses de antelación, detallando las causales específicas que justifican la acción. Es esencial seguir los procedimientos establecidos por la ley, respetando los plazos y garantizando el derecho del arrendatario a presentar sus argumentos ante un juez. La legislación busca equilibrar los derechos de ambas partes y asegurar que los desalojos se realicen de manera justa y conforme a la normativa vigente.

¿Cómo afecta la situación económica general de Costa Rica a la aplicación de embargos en la actualidad?

La situación económica general de Costa Rica puede influir en la aplicación de embargos en la actualidad. En épocas de crisis económica, puede haber un aumento en los casos de incumplimiento de obligaciones financieras, lo que a su vez puede llevar a un aumento en la aplicación de embargos. Por otro lado, el gobierno puede implementar medidas específicas para abordar la situación económica y evitar el uso excesivo del embargo, especialmente cuando se trata de ciudadanos en situaciones financieras precarias. Es crucial encontrar un equilibrio entre garantizar el cumplimiento de las obligaciones y proteger a aquellos que están experimentando dificultades económicas.

¿Cómo se aborda la verificación en listas de riesgos en el sector de la salud en Costa Rica?

En el sector de la salud en Costa Rica, se aplica la verificación en listas de riesgos para prevenir actividades ilícitas, como el lavado de dinero. Las instituciones de salud deben identificar y evitar relaciones comerciales con individuos o entidades sancionadas.

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