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¿Cuáles son las penas por robo agravado en Costa Rica?
El robo agravado en Costa Rica conlleva penas significativas, que pueden ir desde 10 hasta 20 años de prisión, dependiendo de las circunstancias específicas del delito. Si el robo involucra violencia física o el uso de armas de fuego, las penas pueden aumentar considerablemente.
¿Cómo afecta el KYC a la inclusión financiera en Costa Rica?
Aunque el KYC puede ser visto como un requisito, su implementación adecuada puede facilitar la inclusión financiera al proporcionar un marco seguro para que más personas participen en servicios financieros, promoviendo la igualdad económica.
¿Qué sucede si una entidad financiera o no financiera en Costa Rica no cumple con las regulaciones de prevención del lavado de activos?
Si una entidad financiera o no financiera en Costa Rica no cumple con las regulaciones de prevención del lavado de activos, puede enfrentar sanciones, multas y acciones legales. Además, su reputación puede verse afectada, lo que puede tener consecuencias económicas graves.
¿Qué medidas se toman para prevenir la evasión de la verificación en listas de riesgos en el sector de consultoría en Costa Rica?
En el sector de consultoría en Costa Rica, se aplican medidas de cumplimiento normativo para prevenir la evasión de la verificación en listas de riesgos. Esto incluye la identificación de clientes y transacciones que puedan estar relacionados con individuos o entidades sancionadas.
¿Cuál es el impacto del lavado de activos en la percepción artística y cultural de Costa Rica, considerando la financiación ilícita de proyectos culturales?
El lavado de activos puede distorsionar la percepción artística y cultural de Costa Rica al permitir la financiación ilícita de proyectos, afectando la integridad del patrimonio cultural y artístico del país.
¿Cómo se manejan los casos de desalojo en Costa Rica, cuáles son los procedimientos establecidos por la ley y qué garantías tienen los inquilinos para evitar desalojos injustificados?
Los casos de desalojo en Costa Rica se manejan a través de procedimientos establecidos por la ley, principalmente en la Ley de Desahucio. Esta ley establece condiciones y plazos específicos para desalojar a un inquilino. Los inquilinos tienen garantías legales, como el derecho a ser notificados adecuadamente y a presentar defensas legales en casos de desalojo. La intervención de la Defensoría de los Habitantes también puede proporcionar protección adicional a los inquilinos para evitar desalojos injustificados.
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