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¿Cuál es el papel de la Defensa Pública en los procesos judiciales costarricenses?
La Defensa Pública en Costa Rica juega un papel fundamental al proporcionar asesoría y representación legal a personas que no pueden costear un abogado, garantizando así el acceso a la justicia.
¿Qué tipos de propiedades están cubiertas por la Ley de Arrendamientos Urbanos y Suburbanos de Costa Rica?
La Ley de Arrendamientos Urbanos y Suburbanos de Costa Rica cubre propiedades destinadas a la vivienda, comerciales e industriales, siempre que estén ubicadas en áreas urbanas o suburbanas. No se aplica a propiedades rurales o agrícolas.
¿Cuáles son los requisitos legales para la contratación de extranjeros en empresas costarricenses?
Los requisitos legales para la contratación de extranjeros en empresas costarricenses incluyen obtener el permiso de trabajo correspondiente y cumplir con ciertos criterios establecidos por las autoridades migratorias.
¿Cuál es la legislación que rige la protección de datos personales en Costa Rica?
La legislación que rige la protección de datos personales en Costa Rica incluye la Ley de Protección de Datos Personales, que establece normas para el tratamiento de información personal y la protección de la privacidad de las personas. Además, existen regulaciones y disposiciones específicas en otras leyes y sectores que complementan estas normas.
¿Qué derechos y protecciones legales tienen los costarricenses en España?
Los costarricenses en España tienen derechos legales que incluyen atención médica, educación y acceso a la justicia. También pueden acceder a los servicios consulares proporcionados por la Embajada de Costa Rica en Madrid.
¿Cómo se incorporan consideraciones éticas y de responsabilidad social empresarial en la legislación de contratación pública en Costa Rica, y cuáles son las sanciones para contratistas que no cumplen con estos principios?
Las consideraciones éticas y de responsabilidad social empresarial se incorporan en la legislación de contratación pública en Costa Rica como parte de los criterios de evaluación de propuestas. Los contratistas que no cumplen con estos principios pueden enfrentar sanciones que van desde la pérdida de puntos en la evaluación hasta la exclusión de los procesos de contratación. Esto refleja el compromiso de promover prácticas empresariales éticas y socialmente responsables en el contexto de la contratación pública.
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