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¿Cuáles son las leyes contra la corrupción en Costa Rica?
Costa Rica cuenta con leyes específicas contra la corrupción, como la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública. Estas leyes establecen sanciones para los funcionarios públicos que participan en actos corruptos, incluyendo penas de prisión y multas sustanciales.
¿Cuál es el proceso de revisión de los informes de avance y rendición de cuentas en proyectos de construcción con contratistas en Costa Rica?
El proceso de revisión de los informes de avance y rendición de cuentas en proyectos de construcción con contratistas en Costa Rica implica la presentación de informes periódicos por parte de los contratistas y su revisión por la entidad pública para asegurarse de que se cumplan los términos contractuales.
¿Qué medidas se toman para proteger a los denunciantes de actividades sospechosas de lavado de activos en Costa Rica?
Costa Rica tiene disposiciones legales que protegen a los denunciantes de actividades sospechosas de lavado de activos. Se prohíbe el despido o represalias contra los denunciantes y se mantiene su identidad en confidencialidad.
¿Cuál es el papel de las políticas fiscales en Costa Rica en la reducción de la pobreza y la promoción de la equidad social?
Las políticas fiscales en Costa Rica juegan un papel clave en la reducción de la pobreza y la promoción de la equidad social. Un sistema tributario bien diseñado puede generar ingresos para financiar programas sociales dirigidos a los sectores más vulnerables, contribuyendo así a la reducción de la pobreza y al fomento de la inclusión social.
¿Cuál es el papel del Ministerio Público en el sistema judicial de Costa Rica?
El Ministerio Público en Costa Rica es responsable de la investigación y persecución de los delitos. Representa los intereses de la sociedad en los procesos judiciales y garantiza la imparcialidad en la aplicación de la ley.
¿Cuál es el proceso de licitación inversa en Costa Rica?
La licitación inversa es un proceso mediante el cual las entidades públicas adquieren bienes y servicios a través de una subasta electrónica en la que los contratistas compiten por ofrecer precios más bajos. Las entidades públicas pueden elegir la oferta más ventajosa en términos de costos.
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