MARIA ELENA FALLAS GUERRERO - Perfil - 109740XXX

Perfil de MARIA ELENA FALLAS GUERRERO - 109740XXX

Cédula de Identidad 109740XXX
Estado Habilitado para votar
País COSTA RICA
Año 2024

Artículos recomendados

¿Cómo se aborda éticamente la situación de las personas mayores costarricenses que migran a España en busca de mejores condiciones de vida?

La situación de las personas mayores costarricenses que migran a España en busca de mejores condiciones de vida se aborda éticamente mediante la implementación de políticas que aseguren su bienestar y respeten sus derechos. La legislación busca una ética del cuidado y el respeto a la dignidad, promoviendo medidas que faciliten la integración y acceso a servicios específicos para personas mayores. Se fomenta la sensibilización sobre las necesidades de este grupo, y se establecen mecanismos que garanticen su participación activa en la sociedad española. Se busca crear un entorno ético que reconozca y valore la contribución de las personas mayores costarricenses al tejido social en España.

¿Cómo se protegen los derechos y obligaciones de las partes en un contrato de venta según la legislación costarricense?

La legislación costarricense busca proteger los derechos y obligaciones de las partes en un contrato de venta mediante disposiciones que garantizan la equidad y la transparencia. El Código Civil establece principios generales de contratación, como la buena fe y la protección del débil jurídico. Además, las leyes específicas, como la Ley de Promesa de Compraventa de Bienes Inmuebles, contienen disposiciones para asegurar que ambas partes tengan información clara sobre los términos del contrato. La protección legal busca prevenir abusos y conflictos, promoviendo relaciones contractuales justas y equitativas en el ámbito de la venta en Costa Rica.

¿Cómo se aborda legalmente la responsabilidad de las empresas en casos de daño ambiental en Costa Rica, y de qué manera la debida diligencia puede prevenir y minimizar los impactos ambientales adversos?

La responsabilidad de las empresas en casos de daño ambiental en Costa Rica se aborda legalmente mediante la legislación ambiental del país, que incluye la Ley Orgánica del Ambiente y la Ley de Biodiversidad. La debida diligencia puede prevenir y minimizar los impactos ambientales adversos al asegurar que las empresas evalúen y mitiguen los riesgos ambientales en sus operaciones, cumpliendo así con las normativas y contribuyendo a la preservación del entorno natural.

¿Cuál es el proceso para resolver controversias o discrepancias en los antecedentes fiscales en Costa Rica?

Si un contribuyente tiene controversias o discrepancias en sus antecedentes fiscales en Costa Rica, puede buscar una solución a través de la Dirección General de Tributación. Esto implica la presentación de recursos o apelaciones, la aportación de pruebas y la colaboración con las autoridades fiscales para resolver los problemas. Además, los contribuyentes pueden buscar asesoramiento legal para enfrentar situaciones más complejas.

¿Cómo se aborda la deuda pública en Costa Rica en relación con el embargo?

La deuda pública en Costa Rica está regulada por normativas específicas, y su relación con el embargo está sujeta a la legalidad y los procedimientos establecidos por la ley. El Estado costarricense tiene mecanismos para gestionar la deuda pública de manera responsable, evitando situaciones que puedan llevar al embargo de sus activos. La transparencia en la gestión de la deuda y el cumplimiento de las obligaciones financieras son pilares fundamentales en la política fiscal del país. El manejo adecuado de la deuda pública contribuye a prevenir conflictos y embargos que puedan afectar la estabilidad económica.

¿Cuáles son los plazos y las notificaciones requeridas en un proceso de embargo en Costa Rica?

La duración de un proceso de embargo en Costa Rica puede variar según el caso y las circunstancias específicas. Es importante notar que el deudor debe ser notificado adecuadamente del embargo y tener la oportunidad de presentar sus argumentos. El proceso debe cumplir con los plazos y notificaciones establecidos por la ley para garantizar un procedimiento justo y equitativo.

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