MARIA FERNANDA GUZMAN JIMENEZ - Perfil - 115930XXX

Perfil de MARIA FERNANDA GUZMAN JIMENEZ - 115930XXX

Cédula de Identidad 115930XXX
Estado Habilitado para votar
País COSTA RICA
Año 2024

Artículos recomendados

¿Cuánto tiempo se mantienen los antecedentes judiciales en Costa Rica?

En Costa Rica, los antecedentes judiciales se mantienen por un período específico de tiempo, que puede variar según la naturaleza de los eventos registrados. Por lo general, los registros de condenas y delitos más graves se mantienen durante un período más largo, mientras que los registros de arrestos o eventos menores pueden tener plazos más cortos. La ley establece disposiciones para la expiración y eliminación de ciertos registros después de un tiempo determinado, con el objetivo de equilibrar la rehabilitación de las personas y la seguridad pública.

¿Cómo se lleva a cabo la capacitación y concienciación sobre AML en las entidades financieras en Costa Rica?

Las entidades financieras en Costa Rica deben implementar programas de capacitación y concienciación para su personal con respecto a las regulaciones AML. Esto incluye la formación sobre la identificación de transacciones sospechosas, la debida diligencia del cliente y la presentación de reportes de transacciones sospechosas (STR). La formación periódica es fundamental para mantener al personal informado y actualizado sobre las regulaciones AML.

¿Cómo han incidido las sanciones a contratistas en proyectos de energías renovables en Costa Rica, y cuál es el papel de estas medidas en la promoción de prácticas sostenibles y la protección del medio ambiente?

Las sanciones a contratistas en proyectos de energías renovables en Costa Rica han incidido en la promoción de prácticas sostenibles y la protección del medio ambiente. Estas medidas aseguran que los proyectos cumplan con estándares ambientales, evitando impactos negativos. Además, fomentan la adopción de tecnologías limpias y sostenibles en la generación de energía, contribuyendo al compromiso del país con la preservación del medio ambiente y el impulso de soluciones energéticas sostenibles.

¿Cuál es la legislación en Costa Rica que regula la validación de identidad?

En Costa Rica, la validación de identidad está regulada por varias leyes y reglamentos. La principal ley que aborda este tema es la "Ley de Identificación de Personas Físicas" (Ley No. 9485), que establece el sistema de identificación y cedulación en el país. Además, la "Ley de Notariado" y la "Ley sobre Estupefacientes, Sustancias Psicotrópicas, Drogas de uso no Autorizado, Actividades Conexas, Legitimación de Capitales y Financiamiento al Terrorismo" también contienen disposiciones relacionadas con la validación de identidad en contextos específicos. En general, estas leyes establecen los procedimientos y requisitos para verificar la identidad de las personas en diversas transacciones y actividades legales.

¿Cuál es la postura ética en relación con el uso de tecnologías de vigilancia en el control migratorio en Costa Rica?

La postura ética en relación con el uso de tecnologías de vigilancia en el control migratorio implica considerar la privacidad, la dignidad y los derechos fundamentales de los migrantes. Desde una perspectiva ética, se busca equilibrar la seguridad nacional con el respeto a las libertades individuales. La legislación debe establecer límites éticos en el uso de tecnologías de vigilancia, garantizando que se utilicen de manera proporcional y respetando la privacidad de los migrantes. Se busca fomentar un enfoque ético que priorice la protección de los derechos humanos y evite el uso indiscriminado de tecnologías de vigilancia.

¿Cómo aborda la legislación costarricense situaciones en las que un deudor alimentario experimenta cambios significativos en sus circunstancias económicas que afectan su capacidad de cumplir con las obligaciones alimentarias?

La legislación costarricense aborda situaciones de cambios económicos significativos de los deudores alimentarios de manera integral. En tales casos, se permite la modificación de la pensión alimentaria mediante un proceso judicial que evalúa los nuevos ingresos y circunstancias del deudor. Esta flexibilidad garantiza que las obligaciones alimentarias se ajusten a la realidad económica del deudor, protegiendo tanto sus derechos como los del alimentario.

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