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¿En qué medida el KYC puede contribuir al desarrollo sostenible de comunidades artísticas y culturales en Costa Rica?
El KYC puede contribuir al desarrollo sostenible al brindar transparencia y seguridad en las transacciones, fomentando la inversión y el apoyo económico en comunidades artísticas y culturales en Costa Rica, promoviendo así su crecimiento a largo plazo.
¿Qué regulaciones existen para la toma de datos biométricos en la cédula de identidad en Costa Rica?
La toma de datos biométricos en la cédula de identidad en Costa Rica es regulada por el TSE. Se toman fotografías faciales, huellas dactilares y firma digitalizada como parte del proceso de identificación. Estos datos se utilizan para garantizar la seguridad y autenticidad de la cédula.
¿Cómo se ha integrado Costa Rica a los estándares internacionales en la lucha contra el lavado de activos?
Costa Rica ha ajustado su legislación y prácticas a los estándares internacionales, participando activamente en evaluaciones de organismos como el GAFI para garantizar el cumplimiento con las normativas internacionales.
¿Qué legislación en Costa Rica regula la verificación en listas de riesgos?
La legislación que regula la verificación en listas de riesgos en Costa Rica incluye la Ley 8204 contra la Delincuencia Organizada, que establece medidas para prevenir el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. Además, la Ley 8488, Ley para Mejorar la Lucha contra el Fraude Fiscal, también contiene disposiciones relevantes.
¿Cuáles son las medidas adoptadas para mitigar el impacto social del embargo en Costa Rica?
Para contrarrestar el impacto social del embargo, se han implementado medidas que van desde programas de apoyo económico hasta estrategias de desarrollo social, buscando minimizar las consecuencias adversas en la población.
¿Cuál es el impacto social de las sanciones a contratistas en casos de proyectos de infraestructura afectados por irregularidades, y cómo estas medidas buscan proteger los intereses y la seguridad de la sociedad?
Las sanciones a contratistas en casos de proyectos de infraestructura afectados por irregularidades tienen un impacto social relevante. Buscan proteger los intereses y la seguridad de la sociedad al prevenir construcciones deficientes o riesgos para la comunidad. Estas medidas contribuyen a salvaguardar la vida y el bienestar de la población, fortaleciendo la responsabilidad social de los contratistas y promoviendo estándares de seguridad en la ejecución de proyectos.
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