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¿Cuál es el plazo máximo para que una entidad costarricense responda a una solicitud de trámite?
Según la Ley General de la Administración Pública de Costa Rica, una entidad costarricense tiene un plazo máximo de 30 días hábiles para responder a una solicitud de trámite. En casos excepcionales, este plazo puede extenderse por 15 días hábiles adicionales, notificando al solicitante.
¿Qué medidas se han implementado para fomentar la participación política de la juventud en Costa Rica?
Para fomentar la participación política de la juventud, se implementan medidas como programas educativos que promueven la conciencia cívica, plataformas en línea que facilitan la participación y cuotas de representación juvenil para garantizar la voz de esta generación en la toma de decisiones.
¿Qué medidas específicas toma la legislación costarricense para prevenir la discriminación en el ámbito laboral durante los procesos de selección?
La legislación costarricense busca prevenir la discriminación durante los procesos de selección, promoviendo la igualdad de oportunidades para todos los candidatos, independientemente de su origen o características personales.
¿Cómo se aborda la validación de identidad en el ámbito del voluntariado y la participación ciudadana en Costa Rica?
La validación de identidad en el voluntariado y la participación ciudadana en Costa Rica se realiza mediante procedimientos que garantizan la autenticidad de los participantes, fomentando la confianza en iniciativas sociales y promoviendo la participación activa de la ciudadanía.
¿Qué sucede si un deudor alimentario es un extranjero no residente en Costa Rica?
Si un deudor alimentario es un extranjero no residente en Costa Rica, la obligación alimentaria aún se mantiene. Costa Rica puede recurrir a acuerdos internacionales y tratados para buscar la cooperación del país de residencia del deudor y asegurarse de que se cumpla con la obligación alimentaria.
¿Cuál es la legislación respecto a la pensión alimentaria en Costa Rica?
La pensión alimentaria en Costa Rica se rige por el Código de Familia. Este establece la obligación de los padres de proporcionar alimentos a sus hijos menores de edad. La cuantía de la pensión se determina considerando factores como los ingresos y necesidades del alimentado, así como la capacidad económica del alimentante. La jurisdicción de la pensión alimentaria recae en los tribunales de familia.
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