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¿Cuál es la normativa legal en Costa Rica para la participación de pequeñas y medianas empresas (PYMEs) en contrataciones públicas, y cómo se aplican sanciones en caso de discriminación o prácticas desleales hacia estas empresas?
La normativa legal en Costa Rica fomenta la participación de pequeñas y medianas empresas (PYMEs) en contrataciones públicas. Se han establecido disposiciones para promover la igualdad de oportunidades y prevenir la discriminación. En casos de prácticas desleales o discriminación hacia las PYMEs, las sanciones pueden incluir multas y la posibilidad de ser excluido de futuros procesos de contratación pública. Esto respalda la diversidad y competencia en el sector de contratación.
¿Cuál es el papel de la Contraloría General de la República en el control y sanción de contratistas que incumplen con las normativas de contratación en Costa Rica?
La Contraloría General de la República juega un papel fundamental en el control y sanción de contratistas en Costa Rica. Su función principal es fiscalizar los procesos de contratación pública, verificar el cumplimiento de normativas y evaluar la legalidad y eficiencia de los actos administrativos. En casos de incumplimiento, la Contraloría puede imponer sanciones, realizar auditorías especiales y emitir recomendaciones para mejorar la gestión y transparencia en la contratación.
¿Qué derechos tienen los terceros que han adquirido bienes embargados en Costa Rica?
Los terceros que han adquirido bienes embargados en Costa Rica pueden tener derechos sobre esos bienes si cumplen con ciertos requisitos legales. La ley establece que los terceros que han adquirido bienes embargados de buena fe y por un valor razonable pueden tener derechos protegidos, siempre y cuando hayan adquirido los bienes antes de que se registre el embargo en el Registro Nacional. La adquisición de bienes embargados por terceros debe cumplir con los requisitos legales y ser previa al registro del embargo para ser reconocida legalmente.
¿Cómo se abordan los casos de deudores alimentarios que residen en el extranjero en Costa Rica, y cuáles son los mecanismos para garantizar el cumplimiento de las pensiones alimentarias en situaciones transfronterizas?
En casos de deudores alimentarios que residen en el extranjero en Costa Rica, se aplican mecanismos para garantizar el cumplimiento de las pensiones alimentarias. Se recurre a acuerdos y tratados internacionales para facilitar la ejecución de medidas coercitivas, embargos y sanciones. La colaboración con autoridades extranjeras y la aplicación de mecanismos legales internacionales buscan asegurar que los deudores en el extranjero cumplan con sus obligaciones alimentarias, protegiendo así los derechos de los beneficiarios en situaciones transfronterizas.
¿Cómo ha evolucionado la legislación costarricense en materia de contratación pública y sanciones a contratistas a lo largo de los años?
La legislación costarricense en materia de contratación pública ha experimentado una evolución significativa a lo largo de los años. Desde la promulgación de la Ley de Contratación Administrativa, se han introducido reformas para mejorar la eficiencia, la competencia y la integridad en los procesos de contratación. Las sanciones a contratistas también han sido objeto de revisión y ajuste para garantizar una respuesta proporcional a los incumplimientos, reflejando así la adaptación continua a las necesidades y desafíos del entorno contractual.
¿Cómo se abordan legalmente los conflictos surgidos durante la ejecución de contratos públicos en Costa Rica, y cuáles son las medidas para resolver disputas y aplicar sanciones en casos de incumplimiento contractual?
Legalmente, los conflictos durante la ejecución de contratos públicos en Costa Rica se abordan mediante mecanismos de resolución de disputas, que pueden incluir la mediación, arbitraje o la vía judicial. En casos de incumplimiento contractual, las sanciones aplicables pueden ir desde multas hasta la rescisión del contrato. Estos mecanismos buscan garantizar una resolución justa y eficiente de conflictos, protegiendo los intereses tanto del contratista como de la entidad pública.
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