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¿Cómo afecta el lavado de activos a la percepción ética de Costa Rica como un destino para inversiones responsables?
La participación en actividades ilícitas puede afectar la percepción ética de Costa Rica como un destino para inversiones responsables, generando cuestionamientos sobre la ética empresarial y la responsabilidad social en el país.
¿Cuál es el enfoque de Costa Rica respecto a la recuperación de activos vinculados a casos de lavado?
Costa Rica busca la recuperación de activos mediante la aplicación de leyes que permiten la confiscación de bienes relacionados con actividades ilícitas, contribuyendo así a desincentivar el lavado de activos en el país.
¿Cómo se protege a los denunciantes de actividades sospechosas de financiación del terrorismo en Costa Rica?
Costa Rica tiene disposiciones legales que protegen a los denunciantes de actividades sospechosas de financiación del terrorismo. Se prohíbe el despido o represalias contra los denunciantes, y se mantiene su identidad en confidencialidad.
¿Puede un empleador compartir los resultados de una verificación de personal con terceros en Costa Rica?
En general, un empleador no puede compartir los resultados de una verificación de personal con terceros en Costa Rica sin el consentimiento del individuo. La divulgación de información personal debe cumplir con la ley y respetar la privacidad de la persona verificada. Excepciones pueden aplicarse en situaciones específicas definidas por la ley.
¿Cómo se abordan las disparidades étnicas en el sistema de justicia penal en Costa Rica?
Costa Rica está trabajando para abordar las disparidades étnicas en el sistema de justicia penal mediante iniciativas que buscan garantizar un trato equitativo para todas las personas, independientemente de su origen étnico.
¿Cuáles son las sanciones para las instituciones que incumplen los plazos en la resolución de trámites administrativos en Costa Rica?
Las instituciones que incumplen los plazos en la resolución de trámites administrativos en Costa Rica pueden estar sujetas a sanciones, que incluyen advertencias, multas y la obligación de indemnizar al solicitante por daños y perjuicios. La Ley General de la Administración Pública establece las medidas que pueden tomarse en caso de retrasos injustificados en la resolución de trámites.
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