MARIA LUCIA MORA PEREZ - Perfil - 113120XXX

Perfil de MARIA LUCIA MORA PEREZ - 113120XXX

Cédula de Identidad 113120XXX
Estado Habilitado para votar
País COSTA RICA
Año 2024

Artículos recomendados

¿Cómo se trata el tema de la reincidencia en la legislación de delitos penales en Costa Rica?

La legislación de delitos penales en Costa Rica aborda el tema de la reincidencia, que se refiere a la comisión de delitos por parte de una persona que ya ha sido condenada previamente. En general, la reincidencia puede llevar a penas más severas para los delincuentes. El Código Penal establece disposiciones para aumentar las penas en casos de reincidencia. Esto tiene como objetivo disuadir a las personas de cometer delitos repetidamente y promover la rehabilitación de los delincuentes. La reincidencia es una consideración importante en la evaluación de penas y sentencias.

¿Pueden los antecedentes disciplinarios influir en la obtención de seguros profesionales en Costa Rica?

Sí, los antecedentes disciplinarios pueden influir en la obtención de seguros profesionales en Costa Rica. Las compañías de seguros pueden considerar los antecedentes disciplinarios al evaluar la elegibilidad de un profesional para obtener cobertura. La gravedad de las sanciones disciplinarias previas puede influir en las primas y las condiciones del seguro.

¿Cuáles son las disposiciones legales específicas que regulan la utilización de antecedentes judiciales en procesos de contratación laboral en Costa Rica?

En Costa Rica, la utilización de antecedentes judiciales en procesos de contratación laboral está regulada por la legislación laboral y de privacidad. Se prohíbe la discriminación injusta basada en antecedentes judiciales, y las empresas deben seguir principios éticos en la evaluación de la relevancia de estos antecedentes para el puesto. La Ley de Protección de la Persona frente al Tratamiento de sus Datos Personales establece normas específicas para garantizar la privacidad y protección de los derechos de los solicitantes. Estas disposiciones buscan equilibrar la necesidad de las empresas de evaluar la idoneidad de los candidatos con la protección de los derechos individuales en el contexto laboral en Costa Rica.

¿Cuál es el papel de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) en Costa Rica en la prevención y detección del lavado de activos, y cómo colabora con otras entidades gubernamentales?

La UIF en Costa Rica desempeña un papel clave en la prevención y detección del lavado de activos al recopilar, analizar y compartir información financiera sospechosa. Colabora estrechamente con otras entidades gubernamentales, como el Ministerio Público y las fuerzas de seguridad, para coordinar acciones y fortalecer la respuesta integral contra el lavado de activos.

¿Cómo se abordan éticamente las situaciones de vulnerabilidad de los costarricenses durante el proceso migratorio a España?

Desde una perspectiva ética, se abordan las situaciones de vulnerabilidad de los costarricenses durante el proceso migratorio a España mediante la implementación de medidas de protección y asistencia. La legislación busca garantizar que los migrantes costarricenses en situaciones de vulnerabilidad reciban apoyo adecuado. Se promueve una ética de la solidaridad, involucrando a organizaciones gubernamentales y no gubernamentales en la atención de casos particulares. Se busca garantizar que la migración sea segura y ética, protegiendo a los costarricenses de explotación y abusos durante su proceso migratorio hacia España.

¿Cuál es la normativa legal en Costa Rica para la evaluación de la capacidad técnica y financiera de los contratistas en procesos de licitación, y cómo se aplican sanciones en casos de información falsa o engañosa proporcionada por los contratistas?

La normativa legal en Costa Rica establece criterios específicos para evaluar la capacidad técnica y financiera de los contratistas en procesos de licitación. Se exige a los contratistas proporcionar información veraz y completa. En caso de proporcionar información falsa o engañosa, se pueden imponer sanciones como la descalificación del proceso de licitación, multas y, en casos graves, la inhabilitación para participar en futuras contrataciones públicas. Esto busca garantizar la integridad en la información presentada por los contratistas.

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