MARIA LUISA FERNANDEZ CALVO - Perfil - 108950XXX

Perfil de MARIA LUISA FERNANDEZ CALVO - 108950XXX

Cédula de Identidad 108950XXX
Estado Habilitado para votar
País COSTA RICA
Año 2024

Artículos recomendados

¿Cómo se manejan los casos en los que el deudor alimentario reside en el extranjero, y cuáles son los mecanismos legales y acuerdos internacionales que facilitan el cumplimiento de obligaciones alimentarias en estas circunstancias?

Los casos en los que el deudor alimentario reside en el extranjero presentan desafíos particulares. Sin embargo, existen mecanismos legales y acuerdos internacionales que facilitan el cumplimiento de obligaciones alimentarias en estas circunstancias. Costa Rica, como parte de acuerdos internacionales, puede solicitar la cooperación de otros países para hacer cumplir las obligaciones alimentarias. Los tribunales y autoridades competentes pueden utilizar estos mecanismos para garantizar que, independientemente de la ubicación geográfica, los deudores cumplan con sus obligaciones alimentarias.

¿Qué sucede si un deudor alimentario se muda a otro país y no cumple con la pensión alimentaria en Costa Rica?

Si un deudor alimentario se muda a otro país y no cumple con la pensión alimentaria en Costa Rica, existen mecanismos legales internacionales para hacer cumplir la obligación. Costa Rica puede recurrir a acuerdos y tratados internacionales para buscar la cooperación del país de residencia del deudor en la ejecución de la pensión.

¿Cuál es el proceso de congelación de activos relacionado con casos de financiación del terrorismo en Costa Rica?

En casos de financiación del terrorismo en Costa Rica, se puede llevar a cabo un proceso de congelación de activos relacionados con la actividad ilícita. Esto implica asegurar que los bienes no sean transferidos ni vendidos hasta que se resuelva la investigación.

¿Cuáles son las obligaciones de las instituciones financieras en Costa Rica para prevenir la financiación del terrorismo?

Las instituciones financieras en Costa Rica tienen la obligación de implementar medidas robustas para prevenir la financiación del terrorismo. Esto incluye la debida diligencia en la identificación de clientes, el monitoreo de transacciones sospechosas y la reportación de operaciones inusuales a las autoridades competentes. La Ley de Fortalecimiento de la Lucha contra el Terrorismo establece requisitos específicos para que estas instituciones implementen programas de prevención, capacitación del personal y canales de comunicación con las autoridades. El cumplimiento de estas obligaciones es fundamental para fortalecer la integridad del sistema financiero y prevenir el uso indebido de este para actividades terroristas.

¿Cuál es la ética en torno a la colaboración internacional en la gestión del proceso migratorio desde Costa Rica?

La ética en torno a la colaboración internacional en la gestión del proceso migratorio desde Costa Rica implica el reconocimiento de la interdependencia global y la responsabilidad compartida. Desde una perspectiva ética, se busca promover la colaboración justa y equitativa entre países. La legislación debe reflejar este enfoque ético, estableciendo mecanismos de cooperación internacional que respeten la soberanía de los países y prioricen soluciones colectivas basadas en principios de solidaridad. Se busca fomentar un enfoque ético que reconozca la humanidad compartida y promueva acciones conjuntas para abordar los desafíos migratorios.

¿Puede la parte demandada impugnar un embargo en Costa Rica?

Sí, la parte demandada tiene el derecho de impugnar un embargo en Costa Rica. Puede presentar objeciones legales, alegar la imposibilidad de cumplir con la orden de embargo o negociar acuerdos con el acreedor para evitar la ejecución forzada. Las objeciones pueden basarse en cuestiones legales o hechos que justifiquen la cancelación o modificación de la orden de embargo. El tribunal considerará las objeciones y tomará una decisión en función de la legalidad y el interés de las partes involucradas. La posibilidad de impugnar el embargo es importante para garantizar que se respeten los derechos de la parte demandada.

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