MARIA RAQUEL FERNANDEZ LOBO - Perfil - 201930XXX

Perfil de MARIA RAQUEL FERNANDEZ LOBO - 201930XXX

Cédula de Identidad 201930XXX
Estado Habilitado para votar
País COSTA RICA
Año 2024

Artículos recomendados

¿Cómo se regulan los contratos de venta a plazos en Costa Rica y cuáles son las implicaciones legales para las partes?

Los contratos de venta a plazos en Costa Rica se regulan bajo disposiciones específicas que buscan proteger los derechos de las partes involucradas. La legislación establece requisitos como la obligación de informar claramente sobre el costo total del bien, las tasas de interés y los plazos de pago. Las implicaciones legales incluyen la posibilidad de rescindir el contrato en caso de incumplimiento, así como la regulación de la ejecución de garantías en caso de impago. Es vital que las partes conozcan estas regulaciones para garantizar la validez y cumplimiento adecuado de los contratos de venta a plazos.

¿Cómo se regulan los contratos de venta de bienes inmuebles en Costa Rica?

Los contratos de venta de bienes inmuebles en Costa Rica están regulados por disposiciones específicas que buscan garantizar la seguridad y legalidad en las transacciones inmobiliarias. La Ley de Promesa de Compraventa de Bienes Inmuebles establece requisitos y formalidades, como la obligatoriedad de elevar a escritura pública el contrato de compraventa de bienes inmuebles. Además, el Registro Público desempeña un papel crucial al inscribir los derechos reales sobre bienes inmuebles. Cumplir con estas regulaciones es esencial para la validez y protección de los derechos en los contratos de venta de bienes inmuebles en Costa Rica.

¿Cuáles son las disposiciones específicas en la legislación costarricense que protegen los derechos de las personas con antecedentes judiciales, especialmente en términos de no discriminación y garantías de igualdad de oportunidades?

La legislación costarricense, en particular la Ley de Antecedentes Judiciales, contiene disposiciones específicas para proteger los derechos de las personas con antecedentes judiciales. Estas disposiciones incluyen garantías contra la discriminación injustificada basada en antecedentes judiciales. Además, se establecen condiciones para asegurar la igualdad de oportunidades en diversos contextos, como el empleo y la participación en actividades sociales. Estas disposiciones buscan equilibrar la necesidad de considerar antecedentes judiciales con la protección de los derechos individuales, garantizando que las personas tengan igualdad de oportunidades en Costa Rica.

¿Existen protocolos de cooperación internacional para el intercambio de información sobre PEP entre diferentes jurisdicciones, incluyendo Costa Rica?

Sí, existen protocolos de cooperación internacional para el intercambio de información sobre PEP entre diferentes jurisdicciones, incluyendo Costa Rica. Esto es esencial para combatir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo a nivel global, ya que las transacciones financieras pueden cruzar fronteras.

¿Cómo se aborda legalmente la violencia de género en Costa Rica y cuáles son las medidas de protección disponibles para las víctimas?

La legislación costarricense aborda la violencia de género a través de la Ley contra la Violencia Doméstica y la Ley de Penalización de la Violencia contra las Mujeres. Estas leyes establecen medidas de protección, como órdenes de alejamiento y refugios para víctimas. Además, los tribunales de familia tienen la facultad de emitir medidas cautelares para salvaguardar la integridad de las personas afectadas. La legislación busca prevenir y sancionar cualquier forma de violencia de género.

¿Cuáles son las disposiciones legales en Costa Rica para la revisión y auditoría de contratos públicos, y cómo se aplican sanciones en caso de descubrir irregularidades durante estas revisiones?

Las disposiciones legales en Costa Rica establecen mecanismos para la revisión y auditoría de contratos públicos. La Contraloría General de la República desempeña un papel clave en este proceso, llevando a cabo auditorías para verificar el cumplimiento de normativas y la legalidad de los contratos. En caso de descubrir irregularidades, se pueden imponer sanciones como multas, rescisión de contratos y la apertura de investigaciones penales, asegurando así la rendición de cuentas y la transparencia en el uso de fondos públicos.

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