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¿Cómo se aborda la validación de identidad en el ámbito digital en Costa Rica?
La validación de identidad en el ámbito digital se realiza principalmente a través de la firma digital y sistemas de autenticación seguros, respaldados por la legislación vigente que reconoce la validez legal de las transacciones electrónicas.
¿Cuál es la diferencia entre una demanda laboral individual y una demanda colectiva en Costa Rica?
Una demanda laboral individual se presenta cuando un trabajador busca resolver una disputa o reclamación específica relacionada con su empleo. Una demanda colectiva, en cambio, se presenta en nombre de un grupo de trabajadores que han experimentado una situación laboral similar, como una violación generalizada de los derechos laborales. Las demandas colectivas se enfocan en cuestiones comunes a un grupo de empleados.
¿Qué tipos de propiedades están cubiertas por la Ley de Arrendamientos Urbanos y Suburbanos de Costa Rica?
La Ley de Arrendamientos Urbanos y Suburbanos de Costa Rica cubre propiedades destinadas a la vivienda, comerciales e industriales, siempre que estén ubicadas en áreas urbanas o suburbanas. No se aplica a propiedades rurales o agrícolas.
¿Cómo el lavado de activos desafía las normas éticas en el ámbito empresarial de Costa Rica?
La participación de empresas en actividades ilícitas desafía las normas éticas en el ámbito empresarial costarricense, generando un debate sobre la responsabilidad social y ética de las empresas en la sociedad.
¿Qué pasa si se extravía o se daña la cédula de identidad en Costa Rica?
En caso de extravío o daño de la cédula de identidad en Costa Rica, los ciudadanos costarricenses deben realizar un trámite de reposición. Deben presentar una denuncia por pérdida o daño en el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y luego acudir al TSE para solicitar la reposición de la cédula.
¿Cuáles son las sanciones por fraude financiero en Costa Rica?
El fraude financiero en Costa Rica está sujeto a penas que varían según la magnitud y las consecuencias del fraude. Las penas pueden incluir prisión, multas sustanciales y la obligación de resarcir económicamente a las víctimas. La legislación costarricense busca prevenir y castigar eficazmente este tipo de delitos para garantizar la integridad del sistema financiero del país.
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