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¿Qué consecuencias legales puede enfrentar un deudor alimentario que no se presenta en una audiencia judicial en Costa Rica?
Un deudor alimentario que no se presenta en una audiencia judicial en Costa Rica puede enfrentar consecuencias legales, incluida la posibilidad de que se dicte una orden en su contra. Es importante comparecer a las audiencias programadas y seguir el proceso legal para evitar sanciones adicionales.
¿Qué medidas se toman para prevenir la financiación del terrorismo a través de actividades de turismo médico en Costa Rica?
El turismo médico en Costa Rica está regulado para prevenir la financiación del terrorismo. Se aplican medidas de diligencia debida para identificar a los pacientes y las transacciones financieras relacionadas con el turismo médico.
¿Cuál es el impacto del lavado de activos en la estabilidad financiera de las instituciones costarricenses?
La participación en transacciones ilícitas puede socavar la estabilidad financiera al exponer a las instituciones a riesgos y sanciones, afectando la confianza del público y la integridad del sistema financiero.
¿Se reconoce la legítima defensa como un argumento válido para el cómplice en Costa Rica?
La legítima defensa puede ser reconocida como un argumento válido para el cómplice en Costa Rica en ciertos casos. Sin embargo, la aplicación de este argumento dependerá de la naturaleza específica del delito y las circunstancias involucradas.
¿Cómo puede el KYC influir en la percepción internacional de Costa Rica como un destino seguro para inversiones?
Una implementación sólida del KYC puede aumentar la percepción de Costa Rica como un destino seguro para inversiones al demostrar el compromiso del país con prácticas financieras transparentes y éticas, atrayendo así inversiones extranjeras.
¿Cuáles son las opciones disponibles para el cobro de pensiones alimentarias en Costa Rica y cómo se asegura la efectividad en el proceso de recuperación de los montos adeudados?
En Costa Rica, existen diversas opciones para el cobro de pensiones alimentarias. El SIPA y el Juzgado de Pensiones Alimentarias coordinan la ejecución de embargos de salario, bienes, cuentas bancarias, entre otros. Además, se pueden aplicar medidas coercitivas como multas y sanciones. La colaboración de instituciones financieras y empleadores es fundamental para garantizar la efectividad en el proceso de recuperación de los montos adeudados, asegurando así el cumplimiento de las obligaciones alimentarias.
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