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¿Cuáles son las desventajas legales que podrían enfrentar las instituciones financieras por no cumplir adecuadamente con el KYC en Costa Rica?
Las desventajas legales incluyen sanciones económicas, pérdida de licencias comerciales y daños a la reputación de las instituciones financieras que no cumplen adecuadamente con el KYC, de acuerdo con la normativa costarricense.
¿Las verificaciones de personal en Costa Rica afectan a los extranjeros que buscan empleo o residencia en el país?
Sí, las verificaciones de personal en Costa Rica pueden afectar a los extranjeros que buscan empleo o residencia en el país. Los extranjeros pueden estar sujetos a las mismas verificaciones que los ciudadanos costarricenses, especialmente en procesos de contratación y residencia.
¿Qué sucede con los expedientes judiciales en casos en los que se declara la prescripción en Costa Rica?
En casos en los que se declara la prescripción en Costa Rica, los expedientes judiciales generalmente se archivan y conservan de acuerdo con los plazos de retención establecidos. Aunque el caso está cerrado, la información se mantiene disponible para consultas futuras o posibles reclamaciones.
¿Cuál es el papel de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP) en la supervisión de servicios públicos relacionados con la prevención de la financiación del terrorismo en Costa Rica?
La ARESEP en Costa Rica supervisa y regula los servicios públicos, y tiene un papel en la prevención de la financiación del terrorismo. Se asegura de que las empresas de servicios públicos cumplan con las regulaciones relacionadas con la financiación del terrorismo.
¿Cuáles son las sanciones por el delito de incendio intencional en Costa Rica?
El incendio intencional en Costa Rica puede ser castigado con penas de prisión que van desde los 3 hasta los 20 años, dependiendo de la gravedad.
¿Cómo se ha desarrollado el cumplimiento normativo en el ámbito de la tecnología de la información y comunicación en Costa Rica?
Costa Rica ha fortalecido el cumplimiento normativo en TI con la Ley de Firmas Electrónicas y la Ley de Certificados, asegurando la validez legal de las transacciones electrónicas. Además, la Agencia de Protección de Datos de los Habitantes regula la privacidad en línea, reflejando un enfoque integral en este sector.
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