MARIELA JAZMIN SANDI CERVANTES - Perfil - 118240XXX

Perfil de MARIELA JAZMIN SANDI CERVANTES - 118240XXX

Cédula de Identidad 118240XXX
Estado Habilitado para votar
País COSTA RICA
Año 2024

Artículos recomendados

¿Cuál es el papel de la Defensoría de la Persona Joven en Costa Rica en casos de deudores alimentarios y cómo contribuye a la protección de los derechos de los menores en situaciones de incumplimiento?

La Defensoría de la Persona Joven en Costa Rica juega un papel crucial en casos de deudores alimentarios, especialmente cuando se trata de la protección de los derechos de los menores. Actúa como defensora de los derechos de la niñez y adolescencia, interviniendo para garantizar que las obligaciones alimentarias sean cumplidas. Colabora con el Juzgado de Pensiones Alimentarias y otras instituciones para asegurar que los menores reciban el apoyo necesario y que se respeten sus derechos fundamentales en situaciones de incumplimiento.

¿Cuál es la relación entre la inversión extranjera y la eficiencia de los trámites en Costa Rica?

La eficiencia de los trámites juega un papel crucial en la atracción de inversión extranjera en Costa Rica. La simplificación y rapidez en los procesos administrativos, como la obtención de permisos y la creación de empresas, son factores determinantes para los inversionistas extranjeros. Un entorno con trámites ágiles y transparentes no solo facilita la toma de decisiones de inversión, sino que también contribuye a la competitividad del país como destino para negocios internacionales, generando un impacto positivo en el crecimiento económico y la generación de empleo.

¿Cómo se aborda la responsabilidad penal de las personas jurídicas en Costa Rica en casos de lavado de activos, y cuáles son las medidas preventivas que deben implementar las empresas para evitar sanciones legales?

En Costa Rica, las personas jurídicas pueden ser responsables penalmente en casos de lavado de activos. Las empresas deben implementar medidas preventivas, como programas de cumplimiento normativo y debida diligencia, para evitar sanciones legales. La cooperación con las autoridades y la adopción de prácticas transparentes son fundamentales para asegurar el cumplimiento legal y prevenir el lavado de activos dentro de las empresas.

¿Cómo se abordan las situaciones de incumplimiento de pago por parte del inquilino en los contratos de arriendo en Costa Rica, y cuáles son las medidas legales que puede tomar el propietario en estos casos?

Las situaciones de incumplimiento de pago por parte del inquilino se abordan según las disposiciones legales de Costa Rica. En caso de atraso en el pago del alquiler, el propietario puede notificar al inquilino para que realice el pago pendiente en un plazo determinado. Si persiste el incumplimiento, el propietario puede iniciar un proceso de desahucio. Es fundamental que estos procedimientos se realicen de acuerdo con la legislación para garantizar la validez legal y proteger los derechos tanto del inquilino como del propietario.

¿Cuál es el proceso de presentación de un trámite administrativo en Costa Rica?

El proceso de presentación de un trámite administrativo en Costa Rica generalmente implica llenar un formulario o solicitud, adjuntar los documentos requeridos, pagar las tasas correspondientes (si las hubiera), y presentar la solicitud en la institución gubernamental competente. La Ley General de la Administración Pública establece los requisitos y procedimientos para la presentación de trámites.

¿Cuáles son los mecanismos de apelación disponibles para aquellos afectados por un embargo en Costa Rica?

En Costa Rica, aquellos afectados por un embargo tienen la posibilidad de apelar la medida a través de los tribunales correspondientes. La Ley de Procedimiento Civil establece los procedimientos de apelación y los plazos para presentar recursos. Es esencial contar con asesoramiento legal para asegurar una presentación adecuada de la apelación y para argumentar en contra del embargo. Además, la legislación costarricense busca garantizar el debido proceso y la protección de los derechos fundamentales durante todo el procedimiento, brindando a las partes afectadas la oportunidad de ser escuchadas y de presentar pruebas en su defensa.

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