MARIELA ZARATE ARRIETA - Perfil - 401620XXX

Perfil de MARIELA ZARATE ARRIETA - 401620XXX

Cédula de Identidad 401620XXX
Estado Habilitado para votar
País COSTA RICA
Año 2024

Artículos recomendados

¿Cuál es la función de la Dirección General de Migración y Extranjería en la validación de identidad en Costa Rica?

La Dirección General de Migración y Extranjería en Costa Rica es la entidad encargada de gestionar los asuntos migratorios en el país. Desarrolla procedimientos y políticas para verificar la identidad de los extranjeros que ingresan y salen del país y para regular su estatus migratorio.

¿Cuáles son las disposiciones específicas en la legislación costarricense que protegen los derechos de las personas con antecedentes judiciales, especialmente en términos de no discriminación y garantías de igualdad de oportunidades?

La legislación costarricense, en particular la Ley de Antecedentes Judiciales, contiene disposiciones específicas para proteger los derechos de las personas con antecedentes judiciales. Estas disposiciones incluyen garantías contra la discriminación injustificada basada en antecedentes judiciales. Además, se establecen condiciones para asegurar la igualdad de oportunidades en diversos contextos, como el empleo y la participación en actividades sociales. Estas disposiciones buscan equilibrar la necesidad de considerar antecedentes judiciales con la protección de los derechos individuales, garantizando que las personas tengan igualdad de oportunidades en Costa Rica.

¿Cuál es el papel de la Fiscalía General de la República en relación con los antecedentes judiciales en Costa Rica y cómo colabora con otras instituciones judiciales?

La Fiscalía General de la República en Costa Rica desempeña un papel esencial en la gestión de antecedentes judiciales. Esta institución tiene la responsabilidad de dirigir la acción penal y participar en investigaciones criminales. Colabora estrechamente con el Poder Judicial, la Policía Judicial y otras instituciones para recopilar información relevante y actualizar antecedentes judiciales. La Fiscalía contribuye al funcionamiento efectivo del sistema judicial al proporcionar información clave para la toma de decisiones judiciales. Esta colaboración destaca la importancia de la coordinación entre las instituciones judiciales en Costa Rica para garantizar la eficiencia y eficacia en la gestión de antecedentes judiciales.

¿Cuáles son los mecanismos de acceso y consulta de antecedentes judiciales disponibles para el público en Costa Rica, y cómo se protege la privacidad de la información durante estos procesos?

En Costa Rica, el acceso y consulta de antecedentes judiciales por parte del público está regulado. El Poder Judicial facilita mecanismos para que las personas puedan solicitar esta información, pero bajo ciertos controles. Se implementan medidas de seguridad y verificación de identidad para proteger la privacidad de la información. Además, la legislación costarricense establece sanciones para el uso indebido de la información obtenida de los antecedentes judiciales. Estos mecanismos buscan equilibrar la transparencia con la protección de la privacidad, asegurando que el acceso a la información legal sea responsable y respetuoso de los derechos individuales en Costa Rica.

¿Cómo ha abordado Costa Rica los desafíos en la gestión de antecedentes disciplinarios en situaciones de crisis o emergencia, y cuáles son los principios rectores en estos escenarios?

En situaciones de crisis o emergencia, Costa Rica ha abordado los desafíos en la gestión de antecedentes disciplinarios mediante la aplicación de principios rectores como la transparencia, celeridad y proporcionalidad. La urgencia de la situación no debe comprometer la integridad y ética en la función pública, y se han implementado medidas para asegurar que los procesos disciplinarios se realicen con la debida rigurosidad, incluso en contextos de crisis.

¿Cuáles son los principios fundamentales de la contratación pública en Costa Rica?

Los principios fundamentales de la contratación pública en Costa Rica incluyen la transparencia, la competencia, la igualdad de oportunidades, la eficiencia, la legalidad y la economía. Estos principios buscan garantizar que los procesos de contratación sean justos y beneficiosos para el interés público.

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