MARITZA QUIROS CASTILLO - Perfil - 107950XXX

Perfil de MARITZA QUIROS CASTILLO - 107950XXX

Cédula de Identidad 107950XXX
Estado Habilitado para votar
País COSTA RICA
Año 2024

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¿Cuál es el impacto económico y social de las sanciones a contratistas en el ámbito de la educación en Costa Rica, y cómo estas medidas contribuyen a asegurar la calidad de la infraestructura educativa y el acceso equitativo a la educación?

El impacto económico y social de las sanciones a contratistas en el ámbito de la educación en Costa Rica es significativo. Estas medidas buscan garantizar la calidad de la infraestructura educativa y el acceso equitativo a la educación. Económicamente, se previenen costos adicionales derivados de deficiencias en la construcción de instalaciones educativas. Socialmente, se promueve la igualdad de oportunidades al asegurar que todas las comunidades tengan acceso a instalaciones educativas de calidad.

¿Qué medidas de seguridad específicas se aplican en el ámbito jurídico para proteger a testigos y denunciantes relacionados con personas expuestas políticamente en Costa Rica?

En el ámbito jurídico de Costa Rica, se implementan medidas específicas para salvaguardar a testigos y denunciantes vinculados a personas expuestas políticamente. Estas medidas incluyen la preservación de la confidencialidad de la identidad, restricciones en el acceso a información sensible y la posibilidad de brindar testimonios bajo condiciones de protección especial. Además, se establecen protocolos para garantizar la integridad física y emocional de estos individuos, lo que puede involucrar la asignación de escoltas o medidas de resguardo durante su participación en procedimientos judiciales. La estrecha colaboración entre la Policía Judicial, el Ministerio Público y otras autoridades es esencial para la implementación efectiva de estas medidas, contribuyendo no solo a la protección de los informantes, sino también a fomentar la confianza en el sistema judicial costarricense y promoviendo la colaboración ciudadana.

¿Cuáles son las sanciones por no cumplir con el KYC en Costa Rica?

El incumplimiento con el KYC en Costa Rica puede dar lugar a sanciones legales y financieras. Las entidades que no cumplen con las regulaciones pueden enfrentar multas, sanciones administrativas y, en casos graves, la revocación de licencias. Además, pueden enfrentar acciones civiles y penales si se demuestra que permitieron actividades delictivas.

¿Cómo influyen los antecedentes disciplinarios en casos de corrupción en el ámbito deportivo en Costa Rica y cuál es el impacto en la integridad del deporte, la confianza de los aficionados y las oportunidades para los atletas locales?

Los antecedentes disciplinarios en casos de corrupción en el ámbito deportivo en Costa Rica influyen en la integridad del deporte, la confianza de los aficionados y las oportunidades para los atletas locales. El impacto incluye la pérdida de credibilidad en las competiciones, el desincentivo para la participación y el desarrollo de talento local, y la necesidad de fortalecer las medidas disciplinarias para preservar la ética en el deporte.

¿Cuál es el marco jurídico en Costa Rica que regula los trámites administrativos?

El marco jurídico que regula los trámites administrativos en Costa Rica se basa en la Ley General de la Administración Pública, específicamente en la Ley No. 6227. Esta establece los principios, procedimientos y obligaciones que rigen la actuación de la administración pública, garantizando la transparencia, eficiencia y participación ciudadana en los trámites realizados ante entidades gubernamentales.

¿Cómo se abordan legalmente los casos de discriminación y violación de derechos humanos en el ámbito empresarial en Costa Rica, y en qué medida la debida diligencia puede prevenir y mitigar estos problemas?

Los casos de discriminación y violación de derechos humanos en el ámbito empresarial en Costa Rica se abordan legalmente mediante la aplicación de la legislación laboral y de derechos humanos del país. La debida diligencia puede prevenir y mitigar estos problemas al garantizar que las empresas evalúen y aborden activamente cualquier práctica que pueda conducir a la discriminación o violación de derechos, fortaleciendo así el respeto a los derechos humanos en el entorno laboral y empresarial.

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