MARITZA SOLIS SANCHEZ - Perfil - 106080XXX

Perfil de MARITZA SOLIS SANCHEZ - 106080XXX

Cédula de Identidad 106080XXX
Estado Habilitado para votar
País COSTA RICA
Año 2024

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¿Qué es el principio de oralidad en los procesos judiciales en Costa Rica?

El principio de oralidad en los procesos judiciales en Costa Rica establece que las audiencias judiciales, presentación de pruebas y argumentos se realizan de manera oral y pública en lugar de por escrito. Este principio busca una justicia más transparente, rápida y accesible. Las partes y testigos presentan sus argumentos y evidencia verbalmente en las audiencias. El principio de oralidad promueve la inmediación, donde el juez toma decisiones basadas en la evidencia presentada de primera mano. Esta es una característica importante de los sistemas judiciales modernos.

¿Cuál es el marco jurídico que regula los contratos de arriendo en Costa Rica, y cuáles son las leyes fundamentales que los inquilinos y propietarios deben tener en cuenta al establecer un acuerdo de alquiler?

El marco jurídico que regula los contratos de arriendo en Costa Rica se basa principalmente en el Código Civil, específicamente en los artículos relacionados con los contratos y las obligaciones. Además, la Ley de Arrendamientos Urbanos y Suburbanos establece normas específicas para los arrendamientos de vivienda. Ambas legislaciones proporcionan las bases legales que los inquilinos y propietarios deben tener en cuenta al establecer un acuerdo de alquiler, abordando aspectos como la duración del contrato, las responsabilidades de ambas partes y las condiciones para la terminación del arrendamiento.

¿Cuál es el enfoque de Costa Rica en la implementación de tecnologías y herramientas digitales para fortalecer la lucha contra el lavado de activos desde una perspectiva legal?

Costa Rica adopta tecnologías y herramientas digitales para fortalecer la lucha contra el lavado de activos desde una perspectiva legal. Esto incluye el uso de sistemas de monitoreo financiero avanzado, análisis de datos y tecnologías de inteligencia artificial para mejorar la detección y prevención de actividades ilícitas. El marco legal se adapta continuamente para incorporar estas innovaciones de manera efectiva.

¿Cómo se abordan los casos de antecedentes judiciales falsos o incorrectos en Costa Rica, y qué medidas se toman para corregir la información errónea y proteger los derechos de las personas afectadas?

En Costa Rica, los casos de antecedentes judiciales falsos o incorrectos se abordan mediante mecanismos establecidos en la legislación. Las personas afectadas tienen el derecho de solicitar la corrección de la información errónea. Los tribunales y las instituciones judiciales llevan a cabo investigaciones para verificar la veracidad de los antecedentes en cuestión. Si se confirma la inexactitud, se toman medidas para corregir la información y proteger los derechos de las personas afectadas. Este enfoque busca garantizar la exactitud y veracidad de los antecedentes judiciales, evitando que la información incorrecta tenga consecuencias injustas para los individuos en Costa Rica.

¿Cómo se abordan los reclamos de garantía y defectos en obras realizadas por contratistas en Costa Rica?

Los reclamos de garantía y defectos en obras realizadas por contratistas se abordan a través de procedimientos contractuales específicos. Los contratistas están obligados a corregir defectos y cumplir con las garantías ofrecidas en el contrato. Los procedimientos de resolución de disputas pueden ser utilizados si no se llega a un acuerdo.

¿Cuáles son las consecuencias legales para los deudores alimentarios en Costa Rica que incumplen con sus obligaciones y qué medidas coercitivas pueden ser aplicadas?

Los deudores alimentarios en Costa Rica que incumplen con sus obligaciones enfrentan consecuencias legales. El Juzgado de Pensiones Alimentarias puede aplicar medidas coercitivas, como multas, embargo de bienes, suspensión de licencias, e incluso la privación de libertad en casos graves de incumplimiento reiterado. Estas medidas buscan garantizar el cumplimiento de las obligaciones alimentarias y proteger los derechos de los beneficiarios de las pensiones alimentarias.

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