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¿Cuáles son las instituciones encargadas de combatir el lavado de activos en Costa Rica?
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y el Poder Judicial, a través de la jurisdicción penal, son los principales actores encargados de prevenir y combatir el lavado de activos en el país.
¿Cómo ha evolucionado la relación entre la exposición política y la participación ciudadana en Costa Rica?
La relación entre exposición política y participación ciudadana ha evolucionado hacia una mayor demanda de transparencia y participación directa en decisiones gubernamentales. La ciudadanía busca estar más informada y tener un papel activo en la toma de decisiones políticas para garantizar representación y rendición de cuentas.
¿Cómo se manejan legalmente las transacciones financieras relacionadas con eventos religiosos y culturales en Costa Rica a través del KYC?
Legalmente, el KYC establece protocolos para garantizar la legitimidad de las transacciones financieras relacionadas con eventos religiosos y culturales en Costa Rica, asegurando el cumplimiento de las leyes y normativas pertinentes.
¿Cuáles son los dilemas éticos en la aplicación de penas proporcionales a los responsables de lavado de activos en Costa Rica?
La aplicación de penas proporcionales plantea dilemas éticos al equilibrar la justicia con la prevención de riesgos, generando debates sobre la ética en la imposición de sanciones y la proporcionalidad de las penas.
¿Pueden los costarricenses solicitar asesoría legal gratuita en Estados Unidos para cuestiones migratorias?
Sí, existen organizaciones y abogados pro bono que ofrecen asesoramiento legal gratuito o de bajo costo a costarricenses en cuestiones migratorias, especialmente en casos de asilo y DACA.
¿Cómo aborda la legislación costarricense la responsabilidad penal de las empresas en casos de falta de debida diligencia, y cuáles son las sanciones previstas para aquellas que incumplen con estos estándares?
La legislación costarricense aborda la responsabilidad penal de las empresas en casos de falta de debida diligencia. Las sanciones previstas para aquellas que incumplen con estos estándares incluyen multas significativas, la posibilidad de disolución de la empresa y, en casos graves, la imposición de penas de prisión para individuos responsables de la conducta delictiva.
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