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¿Existe la pena de muerte en Costa Rica según la legislación de delitos penales?
No, Costa Rica no tiene la pena de muerte según su legislación de delitos penales. La pena de muerte está prohibida en Costa Rica tanto por la Constitución como por tratados internacionales de derechos humanos que el país ha ratificado. Costa Rica abolió la pena de muerte en 1877, y desde entonces, ha mantenido una posición firme en contra de su reinstauración. Los delincuentes condenados en Costa Rica pueden enfrentar penas de prisión u otras sanciones, pero la pena de muerte no es una opción legal en el país.
¿Se reconoce la imputabilidad reducida para cómplices con problemas de salud mental en Costa Rica?
La imputabilidad reducida para cómplices con problemas de salud mental puede reconocerse en la legislación costarricense, considerando la capacidad del cómplice para comprender la naturaleza del delito y controlar su comportamiento.
¿Cuál es la diferencia entre un PEP nacional y un PEP extranjero en las regulaciones de Costa Rica?
En las regulaciones de Costa Rica, un PEP nacional se refiere a una persona expuesta políticamente dentro del país, mientras que un PEP extranjero es una persona con un cargo político relevante en otro país. Ambos están sujetos a regulaciones específicas para prevenir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.
¿Cómo se aborda legalmente el delito de discriminación en Costa Rica?
La discriminación en Costa Rica se enfrenta con medidas legales que buscan prevenir y sancionar actos discriminatorios, promoviendo la igualdad.
¿Cómo se manejan los embargos en el ámbito financiero en Costa Rica?
En el ámbito financiero de Costa Rica, los embargos se manejan mediante regulaciones específicas que supervisan las transacciones internacionales y protegen la integridad del sistema financiero del país.
¿Cuál es el proceso de apelación en casos de antecedentes disciplinarios en Costa Rica?
En casos de antecedentes disciplinarios en Costa Rica, un profesional sancionado tiene el derecho de apelar la decisión de la entidad reguladora o colegio profesional correspondiente. El proceso de apelación puede incluir la presentación de documentación, argumentos y pruebas que respalden la posición del profesional. La apelación generalmente se presenta ante un tribunal administrativo o un órgano de apelación designado por la entidad reguladora.
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