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¿Cómo se abordan los casos de corrupción en los procesos judiciales en Costa Rica?
Los casos de corrupción en Costa Rica son abordados mediante investigaciones exhaustivas, juicios transparentes y sanciones proporcionales. Se busca erradicar la corrupción y promover la integridad en el ámbito público y privado.
¿Qué autoridades supervisan el cumplimiento del KYC en Costa Rica?
El cumplimiento del KYC en Costa Rica es supervisado por varias autoridades, incluyendo la Superintendencia General de Entidades Financieras (SUGEF) y la Unidad de Análisis Financiero (UAF). Estas entidades reguladoras tienen el poder de llevar a cabo inspecciones y evaluar el cumplimiento del KYC en las instituciones financieras y reguladas.
¿Cuál es el plazo para llevar a cabo la verificación en listas de riesgos en Costa Rica?
El plazo para llevar a cabo la verificación en listas de riesgos en Costa Rica varía según el tipo de transacción y la entidad involucrada. En general, se debe realizar antes de completar una transacción o establecer una relación comercial con un cliente.
¿Existen límites en los aumentos de alquiler en Costa Rica?
En Costa Rica, no hay límites establecidos por la ley para los aumentos de alquiler. Los aumentos de alquiler son negociables entre las partes y deben estar especificados en el contrato de arrendamiento. Es importante que las partes acuerden y establezcan claramente cualquier aumento futuro en el contrato.
¿Qué sucede si una persona que ha sido PEP ya no ocupa un cargo político o público en Costa Rica?
Cuando una persona que ha sido considerada Persona Expuesta Políticamente (PEP) ya no ocupa un cargo político o público en Costa Rica, su estatus como PEP puede cambiar. Las regulaciones pueden variar, pero en muchos casos, la persona ya no será considerada PEP, lo que significa que las obligaciones adicionales de debida diligencia disminuirán. Sin embargo, el historial como PEP puede seguir siendo relevante para ciertas investigaciones.
¿Cómo se castiga el secuestro en Costa Rica?
El secuestro en Costa Rica es castigado con penas que van desde los 20 hasta los 35 años de prisión, dependiendo de la gravedad del delito y de si hay circunstancias agravantes. Además, se considera un delito especialmente grave, lo que implica penas más severas para los culpables.
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