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¿Cuál es el marco jurídico que regula el lavado de activos en Costa Rica?
El marco jurídico se compone de la Ley 8204, la cual establece las medidas para prevenir y sancionar el lavado de activos en el país. Además, existen reformas y regulaciones complementarias.
¿Cómo se define un "trámite" en la legislación costarricense?
En la legislación costarricense, un "trámite" se define como un procedimiento administrativo o burocrático que debe llevarse a cabo para obtener un permiso, licencia, autorización o realizar cualquier gestión ante una entidad gubernamental. Esto incluye presentar solicitudes, documentación y cumplir con requisitos específicos.
¿Cuál es el proceso de nacionalización para costarricenses en España y cuánto tiempo puede llevar?
La nacionalización en España implica residir legalmente en el país durante un período de tiempo específico, cumplir con requisitos como el dominio del idioma español y aprobar un examen de conocimientos. El proceso puede llevar varios años.
¿Cuáles son los derechos de defensa de un contratista durante un proceso de sanción en Costa Rica?
Los contratistas tienen el derecho a la defensa en un proceso de sanción en Costa Rica. Esto incluye el derecho a ser notificados de las alegaciones en su contra, el derecho a presentar pruebas y argumentos en su defensa, el derecho a contar con asesoramiento legal y el derecho a un proceso imparcial y justo. Los contratistas pueden impugnar las sanciones impuestas si consideran que son injustas o infundadas.
¿Cómo se abordan los desafíos de la atención médica desde una perspectiva política en Costa Rica?
Los desafíos en la atención médica desde una perspectiva política se abordan mediante políticas que buscan mejorar la accesibilidad, la calidad y la sostenibilidad del sistema de salud. La formulación de estrategias incluye la inversión en infraestructura, capacitación de personal y promoción de prácticas sanitarias eficientes.
¿Qué medidas ha tomado Costa Rica para promover la función social positiva del embargo?
Costa Rica ha implementado medidas para promover la función social positiva del embargo, incluida la inversión en programas sociales y el desarrollo de políticas que protejan a los ciudadanos de los impactos adversos. También ha buscado activamente la cooperación internacional para abordar desafíos compartidos y promover un enfoque más equitativo de las prácticas de embargo.
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