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¿Cómo afecta el embargo a la economía costarricense?
El impacto económico del embargo en Costa Rica es significativo, restringiendo el acceso a mercados clave y limitando las transacciones financieras con naciones sujetas a sanciones. Esto ha llevado a una disminución en el comercio internacional, afectando sectores como la exportación e importación, lo que a su vez influye en la estabilidad económica del país.
¿Cuál es el papel de la Unidad de Investigación Financiera (UIF) en la supervisión de la verificación en listas de riesgos en Costa Rica?
La UIF en Costa Rica tiene la responsabilidad de supervisar y regular el cumplimiento de las obligaciones de verificación en listas de riesgos por parte de las entidades obligadas, y de investigar posibles casos de lavado de dinero y financiación del terrorismo.
¿Cómo se abordan las dificultades linguísticas en los trámites administrativos en Costa Rica?
Las dificultades linguísticas en los trámites administrativos en Costa Rica se abordan mediante el reconocimiento del español como lengua oficial. Los documentos y formularios están redactados en español, y se ofrece asistencia en casos donde los ciudadanos requieran servicios en otras lenguas. Sin embargo, es importante fomentar la accesibilidad y brindar información clara para garantizar que todos los ciudadanos, independientemente de su lengua materna, puedan entender y cumplir con los trámites requeridos.
¿Cuál es el papel de la honestidad y la buena fe en la negociación de contratos de venta en Costa Rica?
La honestidad y la buena fe desempeñan un papel fundamental en la negociación de contratos de venta en Costa Rica. Las partes tienen la responsabilidad ética de proporcionar información completa y veraz sobre los términos del contrato, evitando ocultar información relevante o realizar afirmaciones falsas. La buena fe implica actuar con lealtad y sinceridad durante las negociaciones, buscando un acuerdo justo y equitativo. La ética en la negociación de contratos contribuye a construir relaciones comerciales sólidas basadas en la confianza y la transparencia, fomentando prácticas comerciales justas y respetuosas.
¿Cuáles son las relaciones y acuerdos internacionales que Costa Rica ha establecido para abordar temas relacionados con el derecho de familia, como la protección de los menores y la lucha contra la violencia de género?
hasta enero de 2022, Costa Rica ha estado involucrada en varios acuerdos y tratados internacionales para abordar temas relacionados con el derecho de familia, la protección de los menores y la lucha contra la violencia de género. Es importante tener en cuenta que la información puede haber cambiado después de esa fecha. Algunos de los acuerdos y tratados relevantes incluyen: Convención sobre los Derechos del Niño (CDN); Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención de Belem do Pará); La Convención de Belem do Pará tiene como objetivo prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, incluida la violencia doméstica; Protocolo Facultativo de la CDN sobre la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía; Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW); Convención sobre los Aspectos Civiles de la Sustracción Internacional de Menores (Convenio de La Haya de 1980); Tratados bilaterales y regionales: Además de los tratados multilaterales, Costa Rica también puede tener acuerdos bilaterales y regionales con otros países para abordar cuestiones relacionadas con el derecho de familia y la protección de menores.
¿Cómo abordan los tribunales casos de deudores alimentarios que argumentan dificultades económicas para cumplir con sus obligaciones, y cuál es el equilibrio entre la responsabilidad financiera y la capacidad económica del deudor?
Los tribunales abordan casos de deudores alimentarios que argumentan dificultades económicas considerando factores como la capacidad financiera del deudor. Se busca encontrar un equilibrio entre la responsabilidad financiera y la capacidad económica real del deudor. La jurisprudencia ha establecido criterios para evaluar estas situaciones, garantizando que las decisiones judiciales reflejen la realidad económica del deudor mientras aseguran el cumplimiento de las obligaciones alimentarias de manera justa y equitativa.
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