MELISSA HIDALGO CORRALES - Perfil - 116810XXX

Perfil de MELISSA HIDALGO CORRALES - 116810XXX

Cédula de Identidad 116810XXX
Estado Habilitado para votar
País COSTA RICA
Año 2024

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¿Cuál ha sido el impacto cultural de las demandas laborales en la percepción del trabajo como un derecho fundamental en Costa Rica, y cómo ha evolucionado la valoración del trabajo en la sociedad?

El impacto cultural de las demandas laborales en Costa Rica ha sido significativo en la percepción del trabajo como un derecho fundamental. Estos casos han contribuido a la evolución de la valoración del trabajo en la sociedad al destacar la importancia de reconocer y proteger los derechos laborales. Se ha generado una mayor apreciación de la labor de los trabajadores y una comprensión más profunda de la necesidad de condiciones laborales justas como un componente fundamental del bienestar social.

¿Cómo se abordan legalmente los conflictos de interés en contratos públicos en Costa Rica, y cuáles son las medidas preventivas y sancionatorias establecidas para garantizar la imparcialidad en el proceso de contratación?

En Costa Rica, los conflictos de interés en contratos públicos están prohibidos y son abordados legalmente. La Ley de Contratación Administrativa establece medidas preventivas, como la declaración de intereses por parte de los participantes en procesos de contratación. Las medidas sancionatorias incluyen la exclusión de participación, multas y, en casos extremos, la denuncia penal. Estas disposiciones buscan garantizar la transparencia e imparcialidad en el proceso de contratación pública.

¿Cuál es el impacto del embargo en el historial crediticio de una persona en Costa Rica?

El embargo puede tener un impacto negativo en el historial crediticio de una persona en Costa Rica. Cuando una persona no cumple con sus obligaciones financieras y se enfrenta a un proceso de embargo, esto generalmente se registra en su historial crediticio. El registro de un embargo puede dificultar la capacidad de la persona para obtener crédito en el futuro, como préstamos, tarjetas de crédito o hipotecas. Es importante tener en cuenta que una vez que la deuda se satisface y se levanta el embargo, es posible trabajar en la restauración del historial crediticio.

¿Cómo impactan los antecedentes disciplinarios en casos de abuso de poder en instituciones gubernamentales en la confianza de la ciudadanía en el sistema democrático de Costa Rica, y cuáles son las implicaciones a nivel político y social?

Los antecedentes disciplinarios en casos de abuso de poder en instituciones gubernamentales pueden impactar la confianza en el sistema democrático de Costa Rica. Las implicaciones a nivel político y social incluyen la percepción de corrupción y la erosión de la confianza en las instituciones democráticas. Estos casos resaltan la importancia de sancionar y prevenir el abuso de poder para preservar la salud de la democracia y mantener la confianza ciudadana en las instituciones gubernamentales.

¿Cuál es la legislación en Costa Rica que regula la verificación de antecedentes?

En Costa Rica, la verificación de antecedentes se rige por varias leyes y regulaciones, incluyendo la "Ley de Registro de Condenados" (Ley No. 6775), que establece un registro de personas condenadas. Además, la "Ley de Acceso a la Información Pública" (Ley No. 8968) y la "Ley General de Migración y Extranjería" (Ley No. 8764) contienen disposiciones relacionadas con la verificación de antecedentes en el contexto migratorio. Estas leyes establecen los procedimientos y requisitos para obtener información sobre antecedentes penales y de seguridad en el país.

¿Cómo se abordaron los antecedentes disciplinarios en la administración pública de Costa Rica durante periodos de crisis política o institucional?

Durante periodos de crisis política o institucional en Costa Rica, el abordaje de antecedentes disciplinarios ha sido un desafío adicional. Sin embargo, la necesidad de mantener la integridad y ética en la administración pública ha llevado a reforzar los mecanismos de supervisión y asegurar que los procesos disciplinarios se lleven a cabo de manera imparcial, incluso en contextos de crisis, para preservar la confianza en las instituciones gubernamentales.

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