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¿Cuáles son las penas por delitos de tráfico de personas en Costa Rica?
Los delitos de tráfico de personas en Costa Rica pueden conllevar penas de hasta 16 años de prisión, procurando combatir esta actividad.
¿Puede el arrendador negarse a renovar un contrato de arrendamiento al final de su término en Costa Rica?
En Costa Rica, el arrendador tiene el derecho de negarse a renovar un contrato de arrendamiento al final de su término si así lo establece el contrato. Sin embargo, si el arrendador decide no renovar, debe notificar al arrendatario con suficiente antelación para que este pueda buscar una nueva vivienda.
¿Cuál es el impacto del lavado de activos en la integridad del sistema educativo costarricense, considerando posibles desviaciones de fondos destinados a la educación?
El lavado de activos puede afectar la integridad del sistema educativo costarricense al desviar fondos destinados a la educación hacia actividades ilícitas. Implementar medidas de AML es crucial para salvaguardar la inversión en la educación y asegurar un desarrollo social sostenible.
¿Cuál es el proceso de cobro de impuestos a deudores morosos en Costa Rica?
El proceso de cobro de impuestos a deudores morosos en Costa Rica comienza con la notificación de la deuda por parte de la Dirección General de Tributación (DGTD). Los contribuyentes tienen un plazo para pagar la deuda, y si no lo hacen, la DGTD puede aplicar sanciones, multas e intereses. En casos graves de evasión, la DGTD puede iniciar acciones legales para recuperar la deuda.
¿Cómo afecta la percepción de impunidad en los casos de corrupción en la sociedad costarricense?
La percepción de impunidad en casos de corrupción puede generar desconfianza en la sociedad costarricense, destacando la importancia de fortalecer la rendición de cuentas y garantizar sanciones efectivas para los actos corruptos.
¿Cuáles son las sanciones típicas para los contratistas sancionados en Costa Rica?
Las sanciones típicas para los contratistas sancionados en Costa Rica pueden incluir multas, la suspensión temporal o permanente de participar en procesos de licitación y contratación pública, la rescisión de contratos, la inadmisibilidad para contratar con entidades públicas y la imposición de sanciones pecuniarias y administrativas. La gravedad de la sanción depende de la naturaleza del incumplimiento.
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