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¿Cómo se manejan los conflictos de intereses en la contratación pública de contratistas en Costa Rica?
Los conflictos de intereses en la contratación pública se manejan a través de la divulgación de posibles conflictos, la exclusión de participantes con intereses conflictivos y la promoción de procesos de licitación justos y transparentes que eviten la influencia indebida de terceros.
¿Cuál es el proceso de licitación inversa en Costa Rica?
La licitación inversa es un proceso mediante el cual las entidades públicas adquieren bienes y servicios a través de una subasta electrónica en la que los contratistas compiten por ofrecer precios más bajos. Las entidades públicas pueden elegir la oferta más ventajosa en términos de costos.
¿Cuáles son las medidas de seguridad implementadas para proteger a los líderes políticos en Costa Rica?
Las medidas de seguridad incluyen la supervisión policial, la seguridad en línea y la formación especializada para proteger a los líderes políticos en Costa Rica. Estas medidas buscan garantizar la seguridad de las figuras políticas sin comprometer su accesibilidad a la ciudadanía.
¿Cómo supervisan y regulan las autoridades costarricenses la implementación del KYC en instituciones financieras?
La Superintendencia General de Entidades Financieras (SUGEF) en Costa Rica desempeña un papel clave en supervisar y regular la implementación del KYC, asegurando el cumplimiento de las normativas y sancionando incumplimientos.
¿Cómo se verifica la autenticidad de una cédula de identidad en Costa Rica en situaciones oficiales?
La autenticidad de una cédula de identidad en Costa Rica se verifica mediante la revisión de las medidas de seguridad incorporadas en el documento, como hologramas y marcas de agua. Las autoridades oficiales pueden utilizar lectores electrónicos y sistemas de verificación para confirmar la autenticidad de la cédula y su titular.
¿Cómo se abordan las operaciones sospechosas de lavado de activos en el sector inmobiliario de Costa Rica?
En el sector inmobiliario de Costa Rica, las operaciones sospechosas de lavado de activos pueden ser reportadas a la UIF. La entidad inmobiliaria debe llevar a cabo una debida diligencia y reportar transacciones que levanten sospechas.
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