MYRIAM ALFARO BARQUERO - Perfil - 601040XXX

Perfil de MYRIAM ALFARO BARQUERO - 601040XXX

Cédula de Identidad 601040XXX
Estado Habilitado para votar
País COSTA RICA
Año 2024

Artículos recomendados

¿Cuál es el papel de la Procuraduría General de la República en relación con la defensa de los intereses fiscales en Costa Rica?

La Procuraduría General de la República de Costa Rica tiene la responsabilidad de defender los intereses fiscales del Estado en casos legales relacionados con asuntos tributarios. Representa al Estado en procedimientos legales y se asegura de que se cumplan las obligaciones fiscales. También puede intervenir en casos de cobro de deudas fiscales a través de acciones legales.

¿Cuál es el proceso para la inscripción de una unión de hecho en Costa Rica y cuáles son sus implicaciones legales?

En Costa Rica, la inscripción de una unión de hecho se realiza en el Registro Civil. La unión de hecho es reconocida legalmente y puede otorgar derechos y obligaciones similares a las del matrimonio, como la pensión alimentaria y la propiedad compartida. Las parejas pueden solicitar la inscripción de su unión de hecho y deben cumplir con ciertos requisitos legales, como convivir por un período específico.

¿Cómo ha contribuido la adhesión de Costa Rica a convenciones internacionales en la lucha contra la financiación del terrorismo?

La adhesión de Costa Rica a convenciones internacionales ha sido fundamental en la lucha contra la financiación del terrorismo. Al ser parte de acuerdos como la Convención Internacional para la Supresión de la Financiación del Terrorismo, el país ha fortalecido su marco legal y su capacidad para prevenir y perseguir eficazmente estas actividades. La cooperación internacional facilita el intercambio de información, la asistencia técnica y el fortalecimiento de las capacidades nacionales. La participación activa en convenciones internacionales demuestra el compromiso de Costa Rica en abordar la financiación del terrorismo de manera coordinada y efectiva a nivel global.

¿Cuál es el papel de la Defensoría Pública de Costa Rica en relación con los antecedentes judiciales, y cómo aborda esta institución posibles casos de discriminación o injusticias derivadas de la existencia de antecedentes?

La Defensoría Pública de Costa Rica juega un papel importante en la defensa de los derechos de las personas con antecedentes judiciales. Esta institución aborda posibles casos de discriminación o injusticias derivadas de la existencia de antecedentes, interviniendo en defensa de los afectados. La Defensoría Pública puede presentar recursos legales y realizar gestiones para garantizar que las personas con antecedentes judiciales reciban un trato justo y equitativo. Su participación destaca la importancia de la vigilancia independiente en la protección de los derechos individuales en el contexto de antecedentes judiciales en Costa Rica.

¿Cuáles son las disposiciones específicas de la Ley de Antecedentes Judiciales en Costa Rica con respecto a la recolección, almacenamiento y acceso a la información, y cómo se aplican estas disposiciones en la práctica?

La Ley de Antecedentes Judiciales en Costa Rica, bajo la Ley No. 4573, establece disposiciones específicas para la recolección, almacenamiento y acceso a la información. Esta ley dicta procedimientos claros para la recopilación de datos sobre condenas y medidas de seguridad. En cuanto al almacenamiento, la legislación establece la centralización de la información bajo la supervisión del Poder Judicial. El acceso se regula, permitiendo a personas autorizadas y entidades judiciales consultar la información. En la práctica, estos procesos se aplican mediante sistemas electrónicos seguros y procedimientos de verificación de identidad, asegurando que la gestión de antecedentes judiciales cumpla con los estándares legales en Costa Rica.

¿Cuáles son las opciones disponibles para el cobro de pensiones alimentarias en Costa Rica y cómo se asegura la efectividad en el proceso de recuperación de los montos adeudados?

En Costa Rica, existen diversas opciones para el cobro de pensiones alimentarias. El SIPA y el Juzgado de Pensiones Alimentarias coordinan la ejecución de embargos de salario, bienes, cuentas bancarias, entre otros. Además, se pueden aplicar medidas coercitivas como multas y sanciones. La colaboración de instituciones financieras y empleadores es fundamental para garantizar la efectividad en el proceso de recuperación de los montos adeudados, asegurando así el cumplimiento de las obligaciones alimentarias.

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