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¿Cuáles son las diferencias entre una demanda laboral y una demanda civil en Costa Rica?
Las demandas laborales se refieren a disputas que surgen en el ámbito laboral, como relaciones laborales, contratos laborales, salarios, condiciones de trabajo y despidos injustificados. Las demandas civiles, en cambio, abarcan una amplia gama de disputas legales, incluyendo cuestiones de propiedad, contratos no laborales y otros asuntos legales que no están directamente relacionados con el empleo.
¿Cuáles son las consecuencias del lavado de activos en la integridad del sistema legal y judicial de Costa Rica?
El lavado de activos puede minar la integridad del sistema legal y judicial al socavar la confianza en la imparcialidad y eficacia de la justicia. Esto compromete la capacidad del sistema para abordar el crimen y garantizar la equidad.
¿Cuál es el plazo de prescripción para enjuiciar casos de lavado de activos en Costa Rica?
El plazo de prescripción para enjuiciar casos de lavado de activos en Costa Rica puede variar según la gravedad del delito. En casos graves, no hay plazo de prescripción, lo que significa que se pueden presentar cargos en cualquier momento.
¿Cómo afecta el lavado de activos a la percepción ética de Costa Rica como un destino para inversiones responsables?
La participación en actividades ilícitas puede afectar la percepción ética de Costa Rica como un destino para inversiones responsables, generando cuestionamientos sobre la ética empresarial y la responsabilidad social en el país.
¿Puede un costarricense obtener la residencia permanente (Green Card) en Estados Unidos?
Sí, los costarricenses pueden solicitar una Green Card a través de familiares estadounidenses, empleadores, inversión en el país, o a través del programa de Lotería de Visas de Diversidad.
¿Cuál es el marco jurídico en Costa Rica que regula los trámites administrativos?
El marco jurídico que regula los trámites administrativos en Costa Rica se basa en la Ley General de la Administración Pública, específicamente en la Ley No. 6227. Esta establece los principios, procedimientos y obligaciones que rigen la actuación de la administración pública, garantizando la transparencia, eficiencia y participación ciudadana en los trámites realizados ante entidades gubernamentales.
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