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¿Cómo se utiliza la firma digital en Costa Rica para validar la identidad?
La firma digital en Costa Rica es utilizada para garantizar la autenticidad de documentos electrónicos. Se basa en tecnologías criptográficas avanzadas y está respaldada por la Ley de Firma Digital, asegurando la validez legal de las transacciones electrónicas.
¿Qué procedimientos se siguen en caso de cambio de domicilio en la cédula de identidad en Costa Rica?
En caso de cambio de domicilio en la cédula de identidad en Costa Rica, se debe actualizar la información ante el TSE. Esto implica presentar una solicitud de cambio de domicilio y proporcionar documentación que respalde el nuevo lugar de residencia, como un recibo de servicios públicos o contrato de alquiler.
¿Cuál es el papel de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) en la detección de actividades de lavado de activos en Costa Rica?
La UIF en Costa Rica es responsable de recibir, analizar y transmitir información sobre transacciones sospechosas de lavado de activos. Colabora con la policía, la fiscalía y otras entidades para investigar y prevenir el lavado de activos.
¿Qué protecciones existen para los arrendatarios en casos de desalojo injustificado en Costa Rica?
Los arrendatarios en Costa Rica cuentan con protecciones legales en casos de desalojo injustificado. El arrendador no puede desalojar al arrendatario sin una causa justificada y cumplir con los procedimientos legales adecuados. Si se produce un desalojo injustificado, el arrendatario puede presentar una denuncia ante las autoridades y buscar reparaciones legales.
¿Cuál es el proceso de identificación y reporte de transacciones sospechosas en el sector de la moda y belleza en Costa Rica?
El sector de la moda y belleza en Costa Rica está sujeto a regulaciones para prevenir la financiación del terrorismo. Se requiere la identificación de partes involucradas en la industria y la presentación de informes de transacciones sospechosas.
¿Cuál es el plazo máximo para la resolución de un trámite administrativo en Costa Rica?
El plazo máximo para la resolución de un trámite administrativo en Costa Rica puede variar según el tipo de trámite y la institución responsable. Sin embargo, la Ley General de la Administración Pública establece que, en principio, los trámites deben resolverse en un plazo máximo de 60 días hábiles. En casos excepcionales, este plazo puede extenderse, pero se debe notificar al solicitante.
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