NANCY GABRIELA QUESADA ARIAS - Perfil - 304180XXX

Perfil de NANCY GABRIELA QUESADA ARIAS - 304180XXX

Cédula de Identidad 304180XXX
Estado Habilitado para votar
País COSTA RICA
Año 2024

Artículos recomendados

¿Cómo interactúan las instituciones financieras con los antecedentes judiciales en Costa Rica, y cuáles son las restricciones legales en la utilización de esta información en la toma de decisiones crediticias?

Las instituciones financieras en Costa Rica pueden consultar antecedentes judiciales como parte de la evaluación crediticia. Sin embargo, existen restricciones legales que regulan el uso de esta información. La legislación prohíbe la discriminación injusta basada en antecedentes judiciales y establece criterios claros para la consideración de esta información en la toma de decisiones crediticias. Las instituciones financieras deben seguir prácticas éticas y transparentes, y los individuos tienen el derecho de ser informados sobre el uso de sus antecedentes judiciales en la evaluación crediticia, garantizando así un equilibrio entre la necesidad de evaluar el riesgo crediticio y la protección de los derechos individuales en Costa Rica.

¿Cómo se regulan las demandas laborales relacionadas con la suspensión o modificación unilateral de contratos por parte del empleador en Costa Rica, y cuáles son las garantías legales para los empleados en estas situaciones?

Las demandas laborales relacionadas con la suspensión o modificación unilateral de contratos por parte del empleador en Costa Rica se regulan mediante el Código de Trabajo, específicamente en los artículos [números]. Estas disposiciones establecen garantías legales para los empleados, asegurando que cualquier suspensión o modificación cumpla con los requisitos legales y que los trabajadores reciban compensaciones justas en caso de incumplimiento por parte del empleador.

¿Qué instituciones y entidades están obligadas a realizar el KYC en Costa Rica?

En Costa Rica, las instituciones financieras, como bancos, compañías de seguros, casas de cambio y entidades de valores, están obligadas a realizar el KYC. Además, otras entidades reguladas, como abogados, notarios, casinos y más, también deben cumplir con el KYC según la naturaleza de sus operaciones y las regulaciones aplicables. Las obligaciones pueden variar según la entidad y el sector.

¿Qué derechos tiene un acreedor en el proceso de embargo en Costa Rica?

Los acreedores tienen derechos en el proceso de embargo en Costa Rica, incluyendo el derecho a buscar el cumplimiento de la deuda, el derecho a notificación y el derecho a participar en la subasta de bienes embargados. La legislación busca equilibrar los derechos de los acreedores con las protecciones otorgadas a los deudores para asegurar un proceso justo y equitativo.

¿Cómo se abordan éticamente las situaciones de vulnerabilidad, como la trata de personas, en el proceso migratorio?

Éticamente, se abordan las situaciones de vulnerabilidad, como la trata de personas, mediante políticas y medidas específicas que buscan prevenir, detectar y sancionar estos delitos. La ética exige proteger a los migrantes de abusos y violaciones a sus derechos fundamentales. La legislación debe incorporar enfoques éticos que promuevan la colaboración internacional, la concientización y el fortalecimiento de los sistemas de protección para garantizar que la migración se lleve a cabo de manera segura y ética.

¿Cómo se regulan legalmente las situaciones de desalojo en Costa Rica, y cuáles son los procedimientos y plazos que deben seguirse para llevar a cabo un desalojo de manera justa y conforme a la legislación vigente?

Las situaciones de desalojo en Costa Rica están reguladas por la Ley de Arrendamientos Urbanos y Suburbanos. Para llevar a cabo un desalojo, el arrendador debe notificar al arrendatario con al menos tres meses de antelación, detallando las causales específicas que justifican la acción. Es esencial seguir los procedimientos establecidos por la ley, respetando los plazos y garantizando el derecho del arrendatario a presentar sus argumentos ante un juez. La legislación busca equilibrar los derechos de ambas partes y asegurar que los desalojos se realicen de manera justa y conforme a la normativa vigente.

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