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¿Cuál es la legislación en Costa Rica que regula la gestión de expedientes judiciales?
En Costa Rica, la legislación que regula la gestión de expedientes judiciales incluye la "Ley Orgánica del Poder Judicial" (Ley No. 7333) y su reglamento. Estas leyes establecen los procedimientos y normativas para la administración de expedientes judiciales, la conservación de documentos legales y la accesibilidad a la información judicial. Además, la "Ley de Acceso a la Información Pública" (Ley No. 8968) garantiza el acceso a expedientes judiciales, siempre que no estén sujetos a restricciones específicas.
¿Cuál es la posición de Costa Rica respecto a la colaboración premiada en casos de complicidad?
Costa Rica puede reconocer la colaboración premiada en casos de complicidad como un mecanismo para obtener información valiosa. La colaboración puede tener un impacto en la sentencia y las sanciones, alentando la cooperación con las autoridades.
¿Cómo ha influido la participación de Costa Rica en organismos internacionales en la actualización de sus leyes de familia?
La participación de Costa Rica en organismos internacionales ha influido en la actualización de sus leyes de familia. La colaboración con entidades como la ONU y la OEA ha llevado a la adopción de estándares internacionales en áreas como la protección de los derechos de los niños, la igualdad de género y la prevención de la violencia doméstica, impactando positivamente en la legislación nacional.
¿En Costa Rica, cómo se define legalmente la complicidad en un delito?
La complicidad en Costa Rica se define como la participación intencional y consciente de una persona en la comisión de un delito junto con el autor principal.
¿Cómo ha desarrollado Costa Rica su cooperación internacional en la lucha contra el lavado de activos?
Costa Rica ha fortalecido la cooperación con organismos internacionales como el Grupo de Acción Financiera (GAFI) y ha firmado acuerdos bilaterales para facilitar el intercambio de información financiera.
¿Cuál es el impacto social de las sanciones a contratistas en casos de proyectos de infraestructura afectados por irregularidades, y cómo estas medidas buscan proteger los intereses y la seguridad de la sociedad?
Las sanciones a contratistas en casos de proyectos de infraestructura afectados por irregularidades tienen un impacto social relevante. Buscan proteger los intereses y la seguridad de la sociedad al prevenir construcciones deficientes o riesgos para la comunidad. Estas medidas contribuyen a salvaguardar la vida y el bienestar de la población, fortaleciendo la responsabilidad social de los contratistas y promoviendo estándares de seguridad en la ejecución de proyectos.
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