NATHALIA MARIA JIMENEZ VIQUEZ - Perfil - 116940XXX

Perfil de NATHALIA MARIA JIMENEZ VIQUEZ - 116940XXX

Cédula de Identidad 116940XXX
Estado Habilitado para votar
País COSTA RICA
Año 2024

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¿Cuáles son las consecuencias legales para los deudores alimentarios en Costa Rica que incumplen con sus obligaciones y qué medidas coercitivas pueden ser aplicadas?

Los deudores alimentarios en Costa Rica que incumplen con sus obligaciones enfrentan consecuencias legales. El Juzgado de Pensiones Alimentarias puede aplicar medidas coercitivas, como multas, embargo de bienes, suspensión de licencias, e incluso la privación de libertad en casos graves de incumplimiento reiterado. Estas medidas buscan garantizar el cumplimiento de las obligaciones alimentarias y proteger los derechos de los beneficiarios de las pensiones alimentarias.

¿Cuál es el papel de las instituciones costarricenses en la promoción de la debida diligencia y cómo esto contribuye a la responsabilidad social empresarial en el país?

Las instituciones costarricenses desempeñan un papel clave en la promoción de la debida diligencia, contribuyendo directamente a la responsabilidad social empresarial. Al fomentar prácticas éticas y transparentes, se impulsa la sostenibilidad y se fortalece el compromiso con la sociedad y el medio ambiente.

¿Cómo afectan los casos comunes de antecedentes disciplinarios en el ámbito educativo a la confianza de la sociedad en las instituciones educativas y cuáles son las consecuencias para el desarrollo académico y moral de los estudiantes?

Los casos comunes de antecedentes disciplinarios en el ámbito educativo pueden afectar la confianza de la sociedad en las instituciones educativas. Las consecuencias incluyen el deterioro de la reputación de las instituciones, la desconfianza de los padres y el impacto en el desarrollo académico y moral de los estudiantes. Estos casos resaltan la importancia de implementar medidas disciplinarias de manera justa y transparente para preservar la integridad del sistema educativo.

¿Cómo se castigan los delitos penales en Costa Rica que involucran violencia de género o doméstica?

Los delitos penales que involucran violencia de género o doméstica en Costa Rica son tratados con seriedad por la legislación y el sistema legal. Se han establecido leyes específicas, como la Ley de Penalización de la Violencia contra las Mujeres y la Ley de Penalización de la Violencia Doméstica, para abordar estos problemas. Las penas para los agresores pueden ser más severas, y el sistema legal puede proporcionar medidas de protección para las víctimas, como órdenes de alejamiento y refugios de emergencia. El enfoque es proteger a las víctimas y prevenir la violencia de género y doméstica.

¿Cómo ha contribuido la adhesión de Costa Rica a convenciones internacionales en la lucha contra la financiación del terrorismo?

La adhesión de Costa Rica a convenciones internacionales ha sido fundamental en la lucha contra la financiación del terrorismo. Al ser parte de acuerdos como la Convención Internacional para la Supresión de la Financiación del Terrorismo, el país ha fortalecido su marco legal y su capacidad para prevenir y perseguir eficazmente estas actividades. La cooperación internacional facilita el intercambio de información, la asistencia técnica y el fortalecimiento de las capacidades nacionales. La participación activa en convenciones internacionales demuestra el compromiso de Costa Rica en abordar la financiación del terrorismo de manera coordinada y efectiva a nivel global.

¿Cuál es la normativa legal en Costa Rica para la evaluación de la capacidad técnica y financiera de los contratistas en procesos de licitación, y cómo se aplican sanciones en casos de información falsa o engañosa proporcionada por los contratistas?

La normativa legal en Costa Rica establece criterios específicos para evaluar la capacidad técnica y financiera de los contratistas en procesos de licitación. Se exige a los contratistas proporcionar información veraz y completa. En caso de proporcionar información falsa o engañosa, se pueden imponer sanciones como la descalificación del proceso de licitación, multas y, en casos graves, la inhabilitación para participar en futuras contrataciones públicas. Esto busca garantizar la integridad en la información presentada por los contratistas.

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