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¿Puede un deudor alimentario evitar el cumplimiento de la pensión argumentando insolvencia en Costa Rica?
Argumentar insolvencia en Costa Rica no libera al deudor de su obligación de cumplir con la pensión alimentaria. Sin embargo, puede ser un factor considerado por el tribunal al determinar la cantidad de la pensión o establecer un plan de pagos que sea asequible para el deudor.
¿Cuál es el proceso de identificación y reporte de transacciones sospechosas en el sector de juegos de azar en Costa Rica?
El sector de juegos de azar en Costa Rica está obligado a identificar a sus clientes y reportar transacciones sospechosas de financiación del terrorismo. Esto implica un seguimiento de las actividades de juego y la presentación de informes a la UIF.
¿Se contempla la complicidad por omisión en la legislación costarricense, y cómo se define?
La legislación costarricense puede contemplar la complicidad por omisión, que implica la participación en un delito al no tomar medidas para prevenirlo. La definición y sanciones pueden variar según el grado de implicación del cómplice por omisión.
¿Cómo se abordan los delitos ambientales desde una perspectiva política en Costa Rica?
Costa Rica ha implementado políticas ambientales que incluyen medidas legales y sanciones para abordar los delitos contra el medio ambiente, promoviendo la protección de los recursos naturales y la biodiversidad.
¿Qué medidas se toman para prevenir el lavado de dinero y la financiación del terrorismo en el cumplimiento normativo en Costa Rica?
El cumplimiento normativo en Costa Rica incluye medidas específicas para prevenir el lavado de dinero y la financiación del terrorismo. Las organizaciones financieras y otras entidades reguladas deben implementar políticas y procedimientos de debida diligencia, así como reportar transacciones sospechosas a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF). Esto contribuye a la lucha contra actividades ilícitas y el financiamiento del terrorismo en el país.
¿Cuál es el plazo máximo para que una entidad costarricense responda a una solicitud de trámite?
Según la Ley General de la Administración Pública de Costa Rica, una entidad costarricense tiene un plazo máximo de 30 días hábiles para responder a una solicitud de trámite. En casos excepcionales, este plazo puede extenderse por 15 días hábiles adicionales, notificando al solicitante.
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