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¿Qué medidas se aplican a las entidades no lucrativas en Costa Rica en relación con la debida diligencia?
Las entidades no lucrativas en Costa Rica también están sujetas a regulaciones de debida diligencia. Deben realizar la debida diligencia del donante y reportar donaciones significativas. Esto se hace para prevenir que estas organizaciones sean utilizadas para lavado de activos o financiamiento del terrorismo.
¿Pueden las personas que sean consideradas PEP solicitar excepciones a ciertas regulaciones o requisitos en Costa Rica?
En general, no se permiten excepciones para las personas consideradas PEP en Costa Rica. Las regulaciones están diseñadas para garantizar una mayor transparencia y supervisión de las transacciones financieras relacionadas con PEP, y se aplican de manera uniforme.
¿Qué acciones constituyen el delito de fraude electrónico en Costa Rica?
El fraude electrónico en Costa Rica, como el phishing y estafas en línea, puede ser castigado con penas de prisión y multas significativas.
¿Cómo se aborda la criminalización de la protesta social desde el ámbito judicial en Costa Rica?
La criminalización de la protesta social se aborda desde el ámbito judicial en Costa Rica mediante la protección del derecho a la manifestación pacífica y el diálogo, equilibrando el mantenimiento del orden público con el respeto a la libertad de expresión.
¿Qué trámites son necesarios para registrar una marca en Costa Rica?
Para registrar una marca en Costa Rica, se deben presentar ante la Oficina de Registro de la Propiedad Industrial los documentos requeridos, incluyendo una solicitud de registro de marca y el pago de tasas. La marca será examinada y, si cumple con los requisitos legales, se emitirá el registro de la marca. Esto otorga derechos exclusivos sobre la marca en el país.
¿Cómo protege Costa Rica los derechos de los deudores en casos de embargo?
Costa Rica tiene disposiciones legales diseñadas para proteger los derechos de los deudores durante el proceso de embargo. Estos incluyen el derecho a la notificación adecuada, el acceso a la defensa legal, y la posibilidad de impugnar el embargo en determinadas circunstancias. Las leyes también establecen límites sobre qué activos pueden ser embargados, con el objetivo de proteger aspectos esenciales para la subsistencia de los deudores y sus familias. Estas medidas buscan equilibrar la necesidad de cumplir con las obligaciones financieras con la protección de los derechos individuales.
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