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¿Qué obligaciones tienen las instituciones financieras en Costa Rica en relación con las PEP?
Las instituciones financieras en Costa Rica tienen la obligación de identificar y realizar un seguimiento de las Personas Expuestas Políticamente (PEP) que son clientes o están involucradas en transacciones financieras. Esto implica llevar a cabo debidas diligencias reforzadas para garantizar que las operaciones realizadas por las PEP sean legítimas y no estén relacionadas con actividades ilícitas. Las instituciones financieras también deben informar cualquier transacción sospechosa a la Unidad de Análisis Financiero (UAF).
¿Qué se entiende por "suplantación de identidad" en el contexto de la legislación costarricense?
La "suplantación de identidad" en la legislación costarricense se refiere a la acción de hacerse pasar por otra persona, utilizando su identidad y documentación personal con el propósito de cometer fraude u otros delitos. Esta práctica es ilegal y puede tener graves consecuencias legales.
¿Cuáles son los componentes clave de la debida diligencia del cliente en Costa Rica?
La debida diligencia del cliente en Costa Rica incluye varios componentes clave, como la identificación del cliente y sus beneficiarios efectivos, la recopilación de información sobre la ocupación y el origen de los fondos, la revisión de transacciones y la presentación de reportes de transacciones sospechosas (STR) cuando sea necesario. También puede implicar la evaluación continua de la relación con el cliente para detectar actividades inusuales o sospechosas. Los componentes específicos pueden variar según el tipo de entidad y la naturaleza de la relación.
¿Cuáles son las críticas principales al embargo en Costa Rica desde la perspectiva social?
Entre las críticas sociales más destacadas se encuentran las preocupaciones sobre el impacto negativo en el nivel de vida, el acceso a bienes y servicios, así como la generación de desigualdades económicas.
¿Cómo ha evolucionado la legislación de embargo en Costa Rica en las últimas décadas?
A lo largo de las últimas décadas, la legislación de embargo en Costa Rica ha experimentado cambios significativos para adaptarse a las demandas de una sociedad en constante cambio. Reformas en el proceso de embargo han buscado agilizar los procedimientos, mejorar la eficiencia y garantizar una mayor protección de los derechos de todas las partes involucradas. Estos cambios han sido impulsados por la necesidad de modernizar el sistema legal y mantenerse al día con las tendencias internacionales en materia de deuda y embargos.
¿Cuál es la posición legal respecto a la subarrendamiento de propiedades en Costa Rica, y cuáles son las condiciones y restricciones que deben cumplirse para llevar a cabo esta práctica de manera legal?
La legislación costarricense permite el subarrendamiento de propiedades, siempre y cuando exista el consentimiento expreso del arrendador. La figura del subarrendamiento debe estar contemplada en el contrato original, y el arrendatario debe notificar y obtener la autorización escrita del arrendador antes de subarrendar la propiedad. Además, el subarrendatario adquiere los mismos derechos y obligaciones que el arrendatario original. Cumplir con estas condiciones y restricciones es esencial para evitar conflictos legales y garantizar la validez del subarrendamiento.
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