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¿Cuáles son las disposiciones legales en Costa Rica que rigen la recopilación y manejo de antecedentes judiciales, y cómo se garantiza la conformidad con estas normativas?
La recopilación y manejo de antecedentes judiciales en Costa Rica se rige principalmente por la Ley de Antecedentes Judiciales (Ley No. 4573). Esta legislación establece los procedimientos para la recopilación, almacenamiento y acceso a la información judicial. Además, la Constitución Política y el Código Procesal Penal contienen disposiciones relevantes. La garantía de conformidad con estas normativas se logra mediante auditorías regulares, revisiones internas y el compromiso de las instituciones judiciales para mantener altos estándares éticos y legales en el manejo de la información judicial en Costa Rica.
¿Cuál es el impacto cultural y ético de casos donde el deudor alimentario evade sus responsabilidades a través de estrategias legales, y cómo la sociedad percibe estas acciones desde una perspectiva moral?
El impacto cultural y ético de casos donde el deudor alimentario evade sus responsabilidades a través de estrategias legales es negativo. La sociedad costarricense valora la honestidad y la responsabilidad, y la percepción de evadir responsabilidades alimentarias a través de estrategias legales puede ser vista como moralmente cuestionable. Estas acciones pueden generar desconfianza social y afectar la reputación ética del deudor, además de plantear preguntas sobre la equidad y justicia en el sistema legal.
¿Cuál es el proceso de debida diligencia que deben seguir las instituciones financieras en Costa Rica al tratar con PEP?
El proceso de debida diligencia que deben seguir las instituciones financieras en Costa Rica al tratar con Personas Expuestas Políticamente (PEP) implica la identificación de los clientes que son PEP y la evaluación de los riesgos asociados con sus transacciones. Esto implica obtener información adicional sobre la fuente de fondos y el propósito de la transacción, así como monitorear continuamente las actividades financieras de las PEP. Las instituciones financieras deben aplicar medidas adicionales de control y supervisión.
¿Cuál ha sido el impacto social de las medidas de austeridad fiscal implementadas en Costa Rica en momentos de crisis económica y cómo han afectado a diferentes sectores de la sociedad?
Las medidas de austeridad fiscal en Costa Rica, implementadas en momentos de crisis económica, han tenido un impacto social significativo. Han afectado a diversos sectores, especialmente a los más vulnerables, al reducir inversiones en programas sociales y servicios públicos. Esto ha generado tensiones y debates sobre la equidad de estas medidas, destacando la necesidad de buscar un equilibrio entre la estabilidad fiscal y la protección de los sectores más afectados.
¿Cómo se abordan las prácticas de corrupción en la legislación costarricense relacionada con la contratación pública, y cuáles son las sanciones específicas para contratistas involucrados en actos corruptos?
Las prácticas de corrupción en la legislación costarricense relacionada con la contratación pública son abordadas con seriedad. La Ley de Contratación Administrativa considera la corrupción como una falta grave y establece sanciones proporcionales. Los contratistas involucrados en actos corruptos pueden enfrentar desde multas sustanciales hasta la prohibición permanente de participar en procesos de contratación. Además, se promueve la colaboración con entidades anticorrupción para fortalecer la prevención y detección de estas conductas.
¿Cómo se evalúa la capacidad técnica y financiera de los contratistas en los procesos de contratación pública en Costa Rica, y cuáles son las sanciones para aquellos que proporcionan información falsa o engañosa en este contexto?
La capacidad técnica y financiera de los contratistas en los procesos de contratación pública en Costa Rica se evalúa mediante criterios específicos establecidos en los pliegos de condiciones. Aquellos contratistas que proporcionan información falsa o engañosa pueden enfrentar sanciones que van desde la pérdida de puntos en la evaluación hasta la descalificación en el proceso de contratación. Estas medidas buscan garantizar la idoneidad de los contratistas seleccionados para la ejecución de proyectos.
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