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¿Cuál es el proceso de apelación en casos de complicidad en la legislación costarricense?
El proceso de apelación en casos de complicidad en la legislación costarricense es similar al proceso de apelación en otros casos penales.
¿Cuáles son los riesgos legales asociados con prácticas de selección de personal que no cumplen con la normativa costarricense?
Los riesgos legales asociados con prácticas de selección que no cumplen con la normativa costarricense incluyen sanciones y demandas legales por parte de los candidatos afectados.
¿Cómo aborda Costa Rica la cooperación internacional en la lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo a través del KYC?
Costa Rica, a través de la SUGEF y otras entidades competentes, participa activamente en acuerdos internacionales para combatir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo mediante la implementación efectiva del KYC, demostrando su compromiso global.
¿Cómo afecta el embargo a la cooperación internacional de Costa Rica en temas sociales?
El embargo puede afectar la cooperación internacional de Costa Rica en temas sociales al limitar las transacciones y la colaboración con ciertos países. Esto destaca la necesidad de buscar alianzas alternativas y fortalecer la cooperación con naciones que no estén sujetas a restricciones, permitiendo así que Costa Rica continúe participando en iniciativas sociales a nivel global.
¿Puede un contrato de venta en Costa Rica incluir cláusulas de penalización por incumplimiento?
Sí, un contrato de venta en Costa Rica puede incluir cláusulas de penalización por incumplimiento que establecen sanciones financieras en caso de incumplimiento de las obligaciones contractuales.
¿Cuál es la legislación en Costa Rica que regula la gestión de expedientes judiciales?
En Costa Rica, la legislación que regula la gestión de expedientes judiciales incluye la "Ley Orgánica del Poder Judicial" (Ley No. 7333) y su reglamento. Estas leyes establecen los procedimientos y normativas para la administración de expedientes judiciales, la conservación de documentos legales y la accesibilidad a la información judicial. Además, la "Ley de Acceso a la Información Pública" (Ley No. 8968) garantiza el acceso a expedientes judiciales, siempre que no estén sujetos a restricciones específicas.
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