ORLANDO ALONSO LOAIZA SALAZAR - Perfil - 108750XXX

Perfil de ORLANDO ALONSO LOAIZA SALAZAR - 108750XXX

Cédula de Identidad 108750XXX
Estado Habilitado para votar
País COSTA RICA
Año 2024

Artículos recomendados

¿Qué derechos tienen los acusados de delitos penales en Costa Rica?

Los acusados de delitos penales en Costa Rica tienen varios derechos legales, incluyendo el derecho a permanecer en silencio, el derecho a ser informados de los cargos en su contra, el derecho a un juicio justo y público, el derecho a la asistencia de un abogado defensor, el derecho a presentar pruebas en su defensa, el derecho a un intérprete si no hablan español, y el derecho a apelar una sentencia adversa, entre otros. Estos derechos son fundamentales para garantizar que los acusados reciban un trato justo en el proceso legal.

¿Cómo se ha abordado históricamente el equilibrio entre la necesidad de sancionar actos indebidos y la protección de los derechos de los funcionarios en procesos disciplinarios en Costa Rica?

Históricamente, en Costa Rica, el equilibrio entre la sanción de actos indebidos y la protección de los derechos de los funcionarios en procesos disciplinarios ha sido un desafío. Las reformas legales han buscado establecer mecanismos que aseguren la rendición de cuentas sin comprometer los derechos fundamentales de los individuos. Este equilibrio refleja el compromiso de Costa Rica con la justicia y la protección de los derechos individuales en el ámbito disciplinario.

¿Cómo se incorporan consideraciones éticas y de responsabilidad social empresarial en la legislación de contratación pública en Costa Rica, y cuáles son las sanciones para contratistas que no cumplen con estos principios?

Las consideraciones éticas y de responsabilidad social empresarial se incorporan en la legislación de contratación pública en Costa Rica como parte de los criterios de evaluación de propuestas. Los contratistas que no cumplen con estos principios pueden enfrentar sanciones que van desde la pérdida de puntos en la evaluación hasta la exclusión de los procesos de contratación. Esto refleja el compromiso de promover prácticas empresariales éticas y socialmente responsables en el contexto de la contratación pública.

¿Cómo se promueve la ética en la contratación laboral de los costarricenses en España, evitando situaciones de explotación?

La promoción de la ética en la contratación laboral de los costarricenses en España se logra mediante la implementación de leyes y regulaciones que protejan los derechos laborales. La legislación busca una ética de la justicia, garantizando condiciones laborales justas y previniendo la explotación. Se promueve la transparencia en los contratos laborales y se establecen medidas para abordar cualquier forma de explotación. Se fomenta una ética de la responsabilidad empresarial, asegurando que las empresas respeten los derechos de los trabajadores costarricenses y contribuyan a la creación de un entorno laboral ético en España.

¿Cuál es el marco jurídico que establece las bases para la administración fiscal en Costa Rica?

El marco jurídico que establece las bases para la administración fiscal en Costa Rica se compone de la Constitución Política, el Código de Normas y Procedimientos Tributarios, y leyes específicas como la Ley del Impuesto sobre la Renta y la Ley del Impuesto General sobre las Ventas. Estas leyes delinean los poderes, deberes y responsabilidades de las autoridades fiscales y los contribuyentes.

¿Cuál es la ética en la inclusión de cláusulas de no competencia en contratos de venta en Costa Rica?

La ética en la inclusión de cláusulas de no competencia en contratos de venta en Costa Rica implica garantizar que dichas cláusulas sean razonables, proporcionadas y respeten los derechos legítimos de las partes. Es ético incluir disposiciones claras sobre el alcance y la duración de las cláusulas de no competencia, evitando restricciones excesivas que puedan ser consideradas injustas o contraproducentes para el desarrollo profesional de las partes. La ética en las cláusulas de no competencia busca equilibrar la protección de los intereses comerciales legítimos con el derecho de las personas a ejercer su profesión y competir de manera justa en el mercado.

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