ORLANDO ANTONIO ARCE ORUE - Perfil - 110220XXX

Perfil de ORLANDO ANTONIO ARCE ORUE - 110220XXX

Cédula de Identidad 110220XXX
Estado Habilitado para votar
País COSTA RICA
Año 2024

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En algunos casos, una persona puede ser acusada de cómplice incluso si no estaba al tanto de la intención criminal del autor principal. La legislación penal puede considerar la complicidad basada en la contribución objetiva al delito, independientemente del conocimiento subjetivo de la intención criminal. Esto significa que si el cómplice proporcionó ayuda o recursos que facilitaron el delito, incluso sin conocer la intención criminal, podría ser considerado cómplice. Sin embargo, la legislación y la jurisprudencia pueden variar en este aspecto.

¿Cuál es el impacto económico del lavado de activos en la industria turística de Costa Rica, considerando la importancia de la percepción de seguridad financiera para los visitantes extranjeros?

El lavado de activos puede tener un impacto negativo en la industria turística al afectar la percepción de seguridad financiera de los visitantes extranjeros. La implementación efectiva de medidas AML contribuye a mantener la confianza en el destino turístico.

¿Cómo se garantiza la protección de los derechos fundamentales en el marco de la debida diligencia en Costa Rica, y cuáles son los mecanismos legales para abordar posibles violaciones a estos derechos en el contexto empresarial?

La protección de los derechos fundamentales en el marco de la debida diligencia en Costa Rica se asegura mediante mecanismos legales. Estos incluyen la aplicación de normativas de derechos humanos, la intervención de autoridades competentes y la posibilidad de acciones legales para abordar posibles violaciones a estos derechos en el contexto empresarial.

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Los antecedentes judiciales suelen desempeñar un papel en la obtención de empleo gubernamental en Costa Rica. Los candidatos a empleos públicos a menudo están sujetos a verificaciones exhaustivas de antecedentes para evaluar su idoneidad y confiabilidad. Esto se hace para garantizar la integridad de los empleados del gobierno y la seguridad de la administración pública. La gravedad de los delitos o condenas anteriores puede influir en la decisión de contratación.

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