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¿Cómo se protege a los denunciantes de actividades sospechosas de financiación del terrorismo en Costa Rica?
Costa Rica tiene disposiciones legales que protegen a los denunciantes de actividades sospechosas de financiación del terrorismo. Se prohíbe el despido o represalias contra los denunciantes, y se mantiene su identidad en confidencialidad.
¿Cómo se abordan los conflictos laborales en Costa Rica y cómo influyen en la percepción de los candidatos sobre las empresas durante los procesos de selección?
Los conflictos laborales en Costa Rica se abordan mediante mecanismos legales y de negociación, afectando la percepción de los candidatos sobre las empresas durante los procesos de selección.
¿Cuál es el impacto económico y social del lavado de activos en Costa Rica?
El lavado de activos puede tener consecuencias negativas, incluyendo la desestabilización económica y el deterioro de la confianza en las instituciones financieras, afectando así el desarrollo económico y la seguridad social.
¿Cuáles son las instituciones encargadas de combatir el lavado de activos en Costa Rica?
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y el Poder Judicial, a través de la jurisdicción penal, son los principales actores encargados de prevenir y combatir el lavado de activos en el país.
¿Cuáles son las implicaciones de una estancia indocumentada en España para los costarricenses?
La estancia indocumentada en España puede llevar a consecuencias legales, como la deportación y dificultades para futuras solicitudes de visado o residencia. Los costarricenses deben asegurarse de mantener su estatus legal en el país.
¿Cómo se incorporan consideraciones éticas y de responsabilidad social empresarial en la legislación de contratación pública en Costa Rica, y cuáles son las sanciones para contratistas que no cumplen con estos principios?
Las consideraciones éticas y de responsabilidad social empresarial se incorporan en la legislación de contratación pública en Costa Rica como parte de los criterios de evaluación de propuestas. Los contratistas que no cumplen con estos principios pueden enfrentar sanciones que van desde la pérdida de puntos en la evaluación hasta la exclusión de los procesos de contratación. Esto refleja el compromiso de promover prácticas empresariales éticas y socialmente responsables en el contexto de la contratación pública.
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