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¿Cómo se regulan las consultas de antecedentes judiciales por parte de entidades privadas en Costa Rica, y cuáles son las restricciones y condiciones para garantizar un uso ético y legal de esta información?
En Costa Rica, las consultas de antecedentes judiciales por parte de entidades privadas están reguladas por la legislación costarricense. La Ley de Antecedentes Judiciales establece restricciones y condiciones para garantizar un uso ético y legal de esta información. Las entidades privadas deben cumplir con protocolos específicos y obtener autorización para realizar consultas. Se imponen sanciones por el uso indebido de la información. Estas regulaciones buscan equilibrar la necesidad de acceso a la información con la protección de la privacidad y derechos individuales, asegurando que las consultas de antecedentes judiciales se realicen de manera ética y dentro de los límites legales en Costa Rica.
¿Cuál es la postura del gobierno costarricense en relación con la gestación subrogada y cómo ha abordado este tema a nivel nacional e internacional?
Costa Rica ha mantenido una postura restrictiva en relación con la gestación subrogada, considerándola ilegal de acuerdo con la Ley de Fecundación In Vitro. A nivel nacional, el gobierno ha trabajado para mantener esta prohibición, y a nivel internacional, ha participado en debates sobre la ética y los derechos involucrados en la gestación subrogada. La posición del gobierno busca prevenir posibles abusos y garantizar la protección de los derechos de todas las partes involucradas.
¿Cuál es el impacto social de la judicialización de temas políticos en Costa Rica?
La judicialización de temas políticos puede tener un impacto social significativo en Costa Rica, generando tensiones y polarización en la sociedad. Se busca equilibrar la justicia con la estabilidad política y el respeto a los derechos ciudadanos.
¿Cómo puede el lavado de activos afectar la estabilidad económica de Costa Rica y qué medidas se implementan para mitigar estos impactos?
El lavado de activos amenaza la estabilidad económica al debilitar la legitimidad de las transacciones. Para mitigar estos impactos, Costa Rica implementa medidas como el cumplimiento normativo y la supervisión financiera.
¿Cuál es el plazo máximo para que una entidad costarricense responda a una solicitud de trámite?
Según la Ley General de la Administración Pública de Costa Rica, una entidad costarricense tiene un plazo máximo de 30 días hábiles para responder a una solicitud de trámite. En casos excepcionales, este plazo puede extenderse por 15 días hábiles adicionales, notificando al solicitante.
¿Cómo afecta el acceso limitado a expedientes judiciales en Costa Rica al sistema de justicia y a la confianza pública?
En Costa Rica, la limitada accesibilidad a los expedientes judiciales dificulta la transparencia del sistema legal, erosionando la confianza de la sociedad en la imparcialidad y eficacia de la justicia. La falta de acceso pleno obstaculiza la rendición de cuentas y la comprensión de los procedimientos legales, impactando negativamente en la percepción de la justicia.
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