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¿Cuál es la evolución histórica de las leyes contra el lavado de activos en Costa Rica?
Inicialmente, Costa Rica abordó este tema con la Ley 7786 en 1998. Luego, la Ley 8204 en 2001 consolidó las disposiciones legales, y desde entonces ha habido reformas para fortalecer la legislación.
¿Cuál es el impacto social del lavado de activos en Costa Rica y cómo afecta la confianza de la sociedad en las instituciones financieras?
El lavado de activos en Costa Rica socava la confianza social al generar desconfianza en las instituciones financieras, afectando la percepción de seguridad económica y la integridad del sistema financiero.
¿Cómo se ha integrado Costa Rica a los esfuerzos internacionales en la lucha contra la corrupción desde la perspectiva del cumplimiento normativo?
Costa Rica ha suscrito convenciones internacionales, como la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (UNCAC), impulsando reformas legislativas para fortalecer la prevención y sanción de actos corruptos, evidenciando su compromiso en el ámbito del cumplimiento normativo.
¿Cómo se han abordado los casos de corrupción relacionados con el lavado de activos en la historia de Costa Rica?
Los casos de corrupción relacionados con lavado de activos son investigados y procesados con rigor. Se han implementado mecanismos para fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas, combatiendo la corrupción en todos los niveles.
¿Qué medidas se toman para verificar el cumplimiento de la verificación en listas de riesgos en Costa Rica?
En Costa Rica, las autoridades de supervisión y regulación, como la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), realizan evaluaciones periódicas para verificar el cumplimiento de la verificación en listas de riesgos por parte de las entidades obligadas. También pueden imponer sanciones en caso de incumplimiento.
¿Cómo se garantiza la igualdad y no discriminación en los procesos judiciales en Costa Rica?
La igualdad y no discriminación en los procesos judiciales en Costa Rica se garantizan a través de la Constitución y la legislación antidiscriminación. Los tribunales deben ser imparciales y tratar a todas las partes de manera justa y equitativa, sin importar su origen étnico, género, orientación sexual, religión u otras características personales. Además, se promueve la igualdad de acceso a la justicia y se prohíbe la discriminación en el sistema legal. La igualdad y no discriminación son principios fundamentales en el sistema judicial costarricense.
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