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¿Cuáles son las garantías procesales para los acusados en Costa Rica?
Los acusados en Costa Rica cuentan con garantías procesales como el derecho a la defensa, la presunción de inocencia, el derecho a un juicio justo y la prohibición de la doble persecución (non bis in idem).
¿Qué tipos de sanciones disciplinarias son más comunes en Costa Rica?
Las sanciones disciplinarias comunes en Costa Rica incluyen advertencias, multas, suspensión temporal o revocación de licencias y la imposición de condiciones para la práctica profesional. La gravedad de la sanción depende de la naturaleza de la conducta inapropiada.
¿Qué documentos de identificación adicionales se pueden utilizar además de la cédula de identidad en Costa Rica?
Además de la cédula de identidad, se pueden utilizar otros documentos de identificación válidos en Costa Rica, como el pasaporte, el carné de residencia y el carné de conducir, para confirmar la identidad en diversas situaciones legales y administrativas.
¿Cómo se involucra la comunidad científica en la formulación de políticas en Costa Rica?
El involucramiento de la comunidad científica en la formulación de políticas en Costa Rica se logra mediante la colaboración entre científicos, instituciones académicas y el gobierno para abordar desafíos como la sostenibilidad ambiental, la salud pública y la innovación tecnológica.
¿Cuáles son las políticas de rehabilitación para personas privadas de libertad en Costa Rica?
Las políticas de rehabilitación en Costa Rica buscan reintegrar a las personas privadas de libertad a la sociedad mediante programas educativos, laborales y de tratamiento, con el objetivo de reducir la reincidencia y promover una reinserción exitosa.
¿Cuáles son las sanciones para las instituciones que incumplen los plazos en la resolución de trámites administrativos en Costa Rica?
Las instituciones que incumplen los plazos en la resolución de trámites administrativos en Costa Rica pueden estar sujetas a sanciones, que incluyen advertencias, multas y la obligación de indemnizar al solicitante por daños y perjuicios. La Ley General de la Administración Pública establece las medidas que pueden tomarse en caso de retrasos injustificados en la resolución de trámites.
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