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¿Cómo se penaliza el delito de narcotráfico en Costa Rica?
El narcotráfico en Costa Rica puede conllevar penas de hasta 25 años de prisión, buscando combatir el tráfico ilegal de sustancias controladas.
¿Cuál es la base jurídica del embargo en Costa Rica?
La base jurídica del embargo en Costa Rica se fundamenta en normativas nacionales como la Ley de Embargo y la regulación aduanera, que establecen las condiciones legales para la implementación de restricciones comerciales.
¿Cómo influye la percepción del lavado de activos en la cooperación internacional en términos de desarrollo económico y lucha contra la pobreza en Costa Rica?
La percepción del lavado de activos puede afectar la cooperación internacional en términos de desarrollo económico y lucha contra la pobreza en Costa Rica al influir en la confianza y la participación de socios internacionales en iniciativas de desarrollo.
¿Cómo influye la transparencia en los procesos judiciales en la percepción de la justicia por parte de la sociedad costarricense?
La transparencia en los procesos judiciales influye significativamente en la percepción de la justicia por parte de la sociedad costarricense, ya que la apertura y claridad en las actuaciones judiciales fortalecen la confianza ciudadana en el sistema legal y su capacidad para administrar justicia de manera imparcial.
¿Se pueden realizar auditorías y revisiones del proceso KYC en Costa Rica?
Sí, se pueden realizar auditorías y revisiones del proceso KYC en Costa Rica. La SUGEF y otras autoridades regulatorias tienen el poder de llevar a cabo inspecciones y evaluaciones de las entidades financieras y reguladas para verificar el cumplimiento del KYC. Además, las instituciones mismas suelen llevar a cabo auditorías internas para garantizar que se cumplen los requisitos legales.
¿Cuál es la postura legal en Costa Rica respecto a la tercerización laboral y las demandas asociadas a esta práctica, y cuáles son las medidas para proteger los derechos de los trabajadores en estas situaciones?
La legislación costarricense regula la tercerización laboral, estableciendo medidas para proteger los derechos de los trabajadores tercerizados. La responsabilidad solidaria de las empresas involucradas garantiza que los empleados tercerizados gocen de condiciones laborales iguales a los empleados directamente contratados. Estas medidas buscan prevenir abusos y asegurar que todos los trabajadores sean tratados con equidad y justicia.
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