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¿Puede el arrendador negarse a renovar un contrato de arrendamiento al final de su término en Costa Rica?
En Costa Rica, el arrendador tiene el derecho de negarse a renovar un contrato de arrendamiento al final de su término si así lo establece el contrato. Sin embargo, si el arrendador decide no renovar, debe notificar al arrendatario con suficiente antelación para que este pueda buscar una nueva vivienda.
¿Cuáles son las instituciones encargadas de combatir el lavado de activos en Costa Rica?
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y el Poder Judicial, a través de la jurisdicción penal, son los principales actores encargados de prevenir y combatir el lavado de activos en el país.
¿Cómo se aborda la complicidad en casos de terrorismo según la legislación costarricense?
La legislación costarricense aborda la complicidad en casos de terrorismo con medidas específicas, imponiendo sanciones severas para aquellos que colaboren o participen en actividades terroristas. La lucha contra el terrorismo es una prioridad en el marco legal.
¿Cuál es la posición de Costa Rica respecto a la colaboración premiada en casos de complicidad?
Costa Rica puede reconocer la colaboración premiada en casos de complicidad como un mecanismo para obtener información valiosa. La colaboración puede tener un impacto en la sentencia y las sanciones, alentando la cooperación con las autoridades.
¿Qué medidas de debida diligencia deben tomar las instituciones financieras para identificar a PEP en sus clientes?
Las instituciones financieras en Costa Rica deben llevar a cabo una debida diligencia reforzada al tratar con clientes que puedan ser PEP. Esto incluye verificar la identidad del cliente, determinar su posición política y evaluar el riesgo de la relación. Además, se requiere un monitoreo continuo de las transacciones.
¿Qué derechos tienen los acusados en el sistema penal de Costa Rica?
Los acusados en el sistema penal de Costa Rica tienen una serie de derechos fundamentales, como el derecho a la presunción de inocencia, el derecho a un juicio justo y público, el derecho a un abogado defensor, el derecho a permanecer en silencio y el derecho a no ser sometido a torturas ni tratos crueles o inhumanos. Estos derechos están protegidos por la Constitución y tratados internacionales. Los acusados también tienen el derecho a conocer los cargos en su contra y a presentar pruebas en su defensa. Estos derechos son esenciales para garantizar un sistema penal justo y equitativo.
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